Demoras en el Metro generan disputa de $25.000 millones

Portafolio tuvo acceso a la solicitud formal de amigable composición radicada ante la Cámara de Comercio de Bogotá por el Consorcio Supervisor Primera Línea Metro de Bogotá contra la Empresa Metro de Bogotá. El documento revela un complejo choque contractual generado por la presión del Distrito para acelerar los frentes de obra tras los retrasos del concesionario constructor, una situación que desencadenó reclamos económicos por más de $25.200 millones. El desacuerdo surge luego de agotar los mecanismos de solución directa sin alcanzar un acuerdo entre las partes sobre la ejecución del Contrato de Interventoría 148 de 2020. La representación legal del interventor sostiene que las decisiones administrativas adoptadas para mantener el avance físico del proyecto alteraron de forma sustancial la ecuación financiera original, obligando al supervisor a asumir cuantiosos sobrecostos operativos con recursos propios sin recibir la debida compensación. "Los costos asociados al mayor número de personal adicional exigido al ascendieron a la suma de $25.213.748.766 con corte a julio de 2026, los cuales fueron asumidos por el interventor, más los que se han seguido ocasionando, sin recibir pago por dicho concepto, generando adicionalmente costos financieros considerables. Dichos costos corresponden, en parte al personal vinculado mediante nómina y en parte al personal contratado bajo esquemas de OPS", se lee en el documento. Impacto en el cronograma El origen de las discrepancias técnicas se remonta al incumplimiento, asegura el documento conocido por este diario, del concesionario Metro Línea 1 S.A.S. en la entrega oportuna de los estudios y diseños de detalle principales. Esta obligación constituía una condición previa indispensable para dar inicio formal a la etapa de construcción, pero el retraso obligó a la Empresa Metro a declarar el incumplimiento del constructor mediante la Resolución 374 de 2023 e imponerle las correspondientes sanciones administrativas. Para evitar la paralización del megaproyecto, la Empresa Metro y el concesionario suscribieron el Contrato de Transacción Número 1 en julio de 2023, autorizando el inicio de las obras sin culminar la aprobación total de los diseños. No obstante, la interventoría alega que dicho acuerdo se celebró sin su participación, fraccionando la entrega de estudios a lo largo de la fase constructiva y alterando el esquema de planificación y supervisión pactado. Esta modificación operativa obligó al consorcio supervisor a mantener activo a su equipo especializado de ingenieros de diseño durante casi doce meses adicionales dentro de la fase de construcción. Según el documento conocido por este diario, el traslado de estas actividades provocó un desbalance financiero al exigir labores no cubiertas por la tarifa fija mensual, afectando la capacidad del interventor para atender el control de las obras civiles. Exigencias de personal 24/7 y sobrecostos La necesidad de recuperar el tiempo perdido llevó al concesionario a multiplicar los frentes de trabajo en la ciudad y habilitar jornadas nocturnas continuas. Frente a esta intensificación, la Empresa Metro le exigió al interventor disponer de inspectores y especialistas de manera permanente en cada punto de obra las 24 horas del día, e incluso llegó a notificarle un periodo de cura por una supuesta insuficiencia de personal técnico. El consorcio supervisor rechazó los señalamientos argumentando que sus obligaciones están acotadas a la plantilla de profesionales prevista en el Apéndice C y en su propuesta técnica. En sus respuestas oficiales, el interventor precisó que su función es de auditoría y seguimiento y que la entidad no puede exigir "una obligación de vinculación permanente e ilimitada" de personal a costo de la firma supervisora bajo contratos de precio global fijo. Con el objetivo de no frenar la supervisión en calle y garantizar la continuidad del proyecto, el interventor vinculó a más de 270 profesionales adicionales sobre su línea base. La solicitud radicada destaca que "los costos asociados al mayor número de personal adicional exigido ascendieron a la suma de 25.213.748.766 pesos con corte a julio de 2026", recursos que fueron asumidos directamente por el contratista y cuya devolución es reclamada. Mecanismos de solución Ante la negativa de la entidad distrital a reconocer los valores adeudados, la interventoría activó la amigable composición amparada en las cláusulas contractuales y en las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo. El escrito petitorio solicita al panel de expertos declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato y ordenar el reajuste del precio global fijo, argumentando que la administración incurrió en un enriquecimiento sin justa causa. El trámite presentado ante el centro arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá busca además sentar un precedente sobre las reglas de retribución futura en la megaobra. El consorcio requiere que se declare improcedente cualquier descuento del quince por ciento sobre su pago mensual durante eventuales prórrogas de la fase de construcción, siempre que las demoras obedezcan a causas no imputables a su gestión de control.