Indecopi eliminó barreras burocráticas por S/429 millones en el 2025

Una licencia de funcionamiento debe resolverse, según la ley, en un plazo de dos días hábiles. Los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de las municipalidades declaran, en promedio, unos ocho. Esa diferencia de seis días forma parte del eje norma-realidad del Mapa de Distancias de Hágase Instituto, que mide qué parte de lo que la norma promete llega al ciudadano.Reducirla requiere que las entidades actualicen sus procedimientos y que el Ejecutivo ordene y supervise ese trabajo. Cerrarla exige, además, que las entidades apliquen la norma vigente y reduzcan la discrecionalidad que hoy recae sobre las empresas y los ciudadanos.El pedido de facultades era una vía para avanzar con parte de esa agenda. El 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un texto acotado de 20 medidas. Quedaron fuera los cambios de mayor alcance en trámites, derechos de tramitación, régimen de barreras burocráticas y calidad regulatoria. Sin embargo, hay maneras de avanzar, pues el Ejecutivo dispone aún de distintas vías regulatorias (ver tabla).?Lo que el Ejecutivo ya tiene en la mano?El inventario que el MEF compiló al cierre del gobierno anterior reúne 667 intervenciones para reducir barreras regulatorias y administrativas. De ellas, 546 (el 81,9%) se resuelven mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales u otras disposiciones infralegales.Las 186 referidas a barreras burocráticas son todas de ese tipo y de baja complejidad, y tres sectores ?Defensa, Interior, y Transportes y Comunicaciones? reúnen el 75,8% de ellas.La evidencia del Indecopi apunta en la misma dirección. En el 2025, eliminó o inaplicó 11.156 barreras, con un sobrecosto estimado de S/429 millones. Los ministerios impusieron 209 de ellas, menos del 2% del total, y concentraron el 69,4% del sobrecosto. El D.S. 059-2025-PCM ya fijó el mandato, con plazos de 30 días y reportes de estado, para que las entidades del Ejecutivo deroguen o modifiquen lo que el Indecopi declara ilegal. No se conoce un balance público de su cumplimiento.?Por dónde empezar?La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) puede pedir a cada ministerio el reporte de estado que exige el decreto y publicar un tablero con las barreras derogadas, modificadas y pendientes, a tiempo para el listado trimestral que el Indecopi publicará en enero del 2027. El Consejo de Ministros puede aprobar un primer paquete de decretos para las 186 barreras y exigir a las entidades el cumplimiento de los plazos legales de sus procedimientos, lo cual no requiere norma alguna.En los municipios, el Ejecutivo cuenta con el control posterior del Indecopi, que en el 2025 alcanzó a eliminar 9.058 barreras de entidades del interior del país, y con los incentivos presupuestales para la gestión municipal. La reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades exige votación calificada y debe prepararse en paralelo, sin condicionar a ella el resto de la agenda.?El plazo lo fijó el propio plan de gobierno?En su plan de gobierno, Fuerza Popular incluyó metas para los primeros 100 días, que vencen a comienzos de noviembre. Entre ellas, programas piloto de la ventanilla única digital y de la licencia cero para las microempresas y pequeñas empresas. La limitación del pedido de facultades reduce las herramientas del Ejecutivo y deja intacto el contenido de esa oferta.Lo que sí requiere ley, que es solo el 17,7% del inventario del MEF, puede llegar al Congreso en proyectos individuales, como la regla del silencio positivo, la lista de entidades que cobran sin sustento y el cumplimiento de los mandatos del Indecopi.Implementar más del 80% de la agenda de simplificación administrativa depende, en cambio, de la voluntad del Ejecutivo. Empezar ahora permitiría llegar a las autoridades regionales y municipales recién elegidas con menos barreras vigentes y con un tablero público que permita evaluar el avance.