Plantean herramientas para que regiones y alcaldías puedan enfrentar la extorsión

Por Diego Aquino
La lucha contra la extorsión no depende exclusivamente de las operaciones policiales o de las investigaciones fiscales. Aunque los municipios no tienen competencias para investigar ni perseguir penalmente este delito, sí cuentan con herramientas que pueden utilizar para prevenir su expansión, conocer dónde está operando y reducir las condiciones que facilitan su presencia en determinados territorios.Un estudio de Gisella Aragón y José Luis Ruiz, investigadores de la Universidad del Pacífico (UP), analiza qué pueden hacer los gobiernos regionales y locales frente a la extorsión. Dicho documento forma parte de Agenda 2026 Regional, iniciativa organizada por la UP en alianza con El Comercio que reúne 11 propuestas de políticas públicas dirigidas a las nuevas autoridades regionales y municipales. En este primer encuentro, que se llevó a cabo ayer, se expusieron dos de ellas. En la presentación, Aragón sostuvo que la cercanía de los gobiernos subnacionales con el territorio les permite desempeñar un papel que otras instituciones no necesariamente pueden asumir con la misma proximidad. Sin embargo, advirtió que para hacerlo necesitan información, capacidades institucionales y mecanismos que protejan a quienes denuncian y a los funcionarios involucrados en estas acciones. ?Las competencias?El punto de partida de la propuesta es delimitar las competencias. Los gobiernos regionales y locales no reemplazan a la PNP ni al Ministerio Público en la investigación de organizaciones criminales, pero disponen de herramientas que pueden contribuir a combatir la extorsión.Entre ellas, la organización y profesionalización del serenazgo; la fiscalización; el otorgamiento y supervisión de licencias; la regulación del transporte público dentro de sus competencias; la planificación de acciones preventivas; la recuperación de espacios públicos; la gestión de información territorial y la participación en los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana.A ello se suma la posibilidad de trabajar con comerciantes, transportistas, organizaciones vecinales y otros actores que conocen lo que ocurre en cada zona. La propuesta plantea trabajar con mapas georreferenciados e identificar las zonas donde se manifiesta la extorsión para luego concentrar allí acciones de fiscalización y prevención.Otra herramienta son los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. La iniciativa plantea que estos espacios sean utilizados para articular respuestas contra la extorsión. El desafío es que estos espacios no se limiten a reuniones y compromisos que luego no sean ejecutados. En tanto, el tercer frente identificado por la investigación es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades: ¿cómo obtener información sobre la extorsión cuando las propias víctimas temen denunciar?La propuesta plantea establecer rutas de protección y acompañamiento, canales seguros de denuncia y protocolos de atención para víctimas y denunciantes, con especial consideración de las poblaciones más vulnerables.También propone evaluar fondos de emergencia y protocolos de protección para funcionarios que participan en estas acciones.
La segunda investigación presentada durante la jornada de ayer estuvo enfocada en los mecanismos de sostenibilidad fiscal para los gobiernos subnacionales.