La Nación, Costa Rica
14 de octubre de 2026
Supén implementará en 2027 la renta estable, una nueva modalidad de retiro del ROP que protege las pensiones contra caídas del mercado y la inflación.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) implementará una nueva forma de retiro del Régimen Obligatorio de Pensión (ROP), denominada renta estable, a partir del primer día hábil de 2027.
Esta quinta modalidad protege la pensión complementaria contra las caídas por rendimientos negativos y permite contar con una mensualidad que se ajuste cada año cuando la inflación sea positiva hasta agotar los recursos de su cuenta, según explicó Hermes Alvarado, superintendente de pensiones.
Alvarado explicó que la iniciativa de crear esta nueva opción nació tras las lecciones que dejó la crisis económica del 2022.
En ese periodo, una combinación de factores globales -como el aumento en las tasas de política monetaria, la crisis de los contenedores y la guerra en Ucrania- provocó rendimientos negativos (minusvalías) en las inversiones de las operadoras de pensiones.
Como el ROP funciona mediante cuentas individuales, los pensionados que ya se encontraban en la etapa de disfrute de su pensión sufrieron rebajas significativas en sus cuotas mensuales al momento de hacer el recálculo de sus beneficios.
"La renta estable se diseñó precisamente para evitar que este escenario se repita", dijo el superintendente.
¿Qué es y cómo funciona?
La renta estable es un beneficio voluntario mediante el cual el pensionado recibe cuotas mensuales predecibles que no disminuyen frente a fluctuaciones negativas del mercado.
Su principal característica es que el monto de la pensión se ajusta anualmente de forma exclusiva por la inflación positiva: si la inflación es negativa, el monto mensual se mantiene intacto.
Actualmente, existen cuatro formas de retirar el ROP: renta permanente, renta programada, renta con expectativa de vida y renta por cantidad de cuotas aportadas. La renta estable se sumará como una quinta alternativa.
Alvarado enfatizó que las operadoras de pensiones estarán en la obligación de ofrecer esta nueva modalidad, pero el afiliado tendrá total libertad para aceptarla o rechazarla mediante un consentimiento informado.
Además, acogerse a este sistema no tiene costos adicionales, pues se mantiene la misma comisión de administración del 0,35% sobre el saldo, y permite al usuario revertir su decisión y trasladarse a otra modalidad de retiro si así lo desea.
"La comisión del 0,35% es de las más bajas del mundo, considerada incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", aseguró.
Por otro lado, si el pensionado desea cambiar de modalidad tras haber escogido una en primera instancia, puede hacerlo tras una permanencia mínima de un año.
Riesgo de longevidad y agotamiento del saldo
Como ocurre con cualquier cuenta individual de la que se extraen fondos constantemente, el ROP conlleva un riesgo de longevidad; es decir, el riesgo de que el dinero se agote antes del fallecimiento de la persona.
Dado que la renta estable garantiza un monto mensual que no baja e incluso sube con la inflación, el saldo de la cuenta se consume a un ritmo ligeramente más rápido.
Por ejemplo, en una cuenta con un saldo de ¢10 millones, si el usuario elige la modalidad de cuotas aportadas, el dinero podría alcanzarle hasta los 85 años de edad. Si opta por la renta estable, los fondos podrían agotarse unos dos años antes.
Sin embargo, la Ley de Protección al Trabajador ya contempla un mecanismo para mitigar este impacto: cuando el saldo de la cuenta disminuye al punto de que el cálculo del retiro cae por debajo del 20% de la pensión mínima que otorga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la operadora está obligada a pagar ese 20% como cuota mínima hasta que la cuenta llegue a cero.
Cambios en la renta permanente y vigencia
Además de la introducción de la renta estable, la Supén aplicará un ajuste a la modalidad de renta permanente.
Anteriormente, el recálculo de esta modalidad se realizaba con base en los rendimientos de los últimos 36 meses. Con la nueva normativa, este plazo se extenderá a 60 meses (cinco años).
El objetivo de este cambio es suavizar los vaivenes del mercado y evitar que periodos de crisis severas, como las minusvalías del 2022, sesguen y golpeen drásticamente el cálculo de las pensiones de los afiliados.
De cara al 2027, las operadoras de pensiones deberán cumplir con un protocolo estricto de comunicación. Estarán obligadas a asesorar al afiliado, estimar el monto de su pensión, explicar la fecha probable de agotamiento del saldo y documentar que la persona comprendió los riesgos y beneficios de la modalidad elegida.
