Seguridad ineficiente y obsesiva

Jorge Restrepo
Tras el fin del conflicto armado interno Colombia no se ocupó de la seguridad ciudadana. No sólo no se adelantaron reformas suficientes y efectivas en la seguridad pública sino que muchas de las prácticas en el sector privado, empresas y comunidades, no producen seguridad ante la criminalidad ni mitigan los riesgos que enfrentamos. Siempre primero está la vigilancia obsesiva: la fórmula común son las barreras de entrada y los controles de acceso y salida permanentes, con la exigencia de evidencia física de identificación personal y el registro en papel, como si estuviéramos siendo admitidos de un club a otro u obteniendo evidencia para eventuales casos criminales en cada ingreso. Además de exponer la falta de confianza y ser un obstáculo a la productividad, este es un uso ineficiente de los recursos: así no se previenen crímenes ni se obtiene un entorno más seguro para la producción o la vida en comunidad. La regulación de la vigilancia privada fundamenta la ineficiencia: la superintendencia establece precios, indexados al salario mínimo, con una regulación laboral excepcional (¿ilegal? en la que sólo personas pueden hacer el control de ingreso y salida a cualquier recinto. El problema también es de atraso tecnológico: el uso de armas de fuego "con carácter disuasivo" (que incrementa la tarifa regulada) y con la instalación de "contramedidas" perimetrales que rompen las ciudades, segregan el espacio público y aíslan a las comunidades. El problema de fondo es la ausencia de provisión de un bien público por el Estado: la baja capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad ciudadana, la altísima impunidad producto de un aparato judicial que pocas veces atiende las necesidades de las víctimas del crimen -millones y millones de pequeños crímenes sin respuesta- es lo que lleva a que busquemos protegernos con esa lógica de "clubes", registros, armas y barreras. Aunque la regulación rentística ya marchita la industria de la seguridad privada, pues la emergencia de nuevas tecnologías -basadas en la automatización y el bajo costo- ha llevado a que decenas de miles de estos trabajos se pierdan, según cifras del Dane, esa no es la solución. Necesitamos mayor provisión del bien público que sustituya la ineficiente provisión privada. La situación fiscal puede impulsar a la Policía Nacional a abandonar la obsesión con el pie de fuerza, a adoptar tecnologías ahorradoras para la prestación del servicio y a lograr una mayor oportunidad y efectividad en el servicio. En cambio es improbable que la presión financiera sobre el sistema judicial lleve a la judicatura a cambiar. Sin una reforma policial es poco posible que en las empresas y comunidades pueda haber mayor seguridad, pero al menos podemos bajar el costo desde ahora: comenzar por dejar de pedir la cédula o el carnet a la entrada y salida de cada edificio, de registrar a cada persona, de revisar cada bolsa y retirar todas las armas de fuego de colegios, universidades y empresas, para reducir el riesgo que éstas representan. Sólo hacer eso nos haría una sociedad más segura y confiable.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.