INDH rechaza extender legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco

El cabo segundo Alejandro Ortiz llegó a la calle 21 de Mayo, en Renca, el 27 de agosto pasado, con un objetivo claro: vender unos artículos electrónicos a unas personas que había contactado por Marketplace. El encuentro, sin embargo, culminó de la peor manera para el carabinero.
Los supuestos compradores eran, en realidad, delincuentes que intentaron arrebatarle los objetos de valor. Como él se resistió, lo ultimaron a balazos.
De inmediato, La Moneda condenó el crimen. Y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aludió a la necesidad de que el Congreso agilizara el trámite de distintos proyectos de ley enfocados en el combate de la delincuencia.
Arrau, de hecho, mencionó uno en particular: "La legítima defensa de franco a nuestros carabineros para que tengan esa Ley Nain-Retamal 2.0, que estamos tramitando".
Como sintetizó el secretario de Estado, esa propuesta busca extender la figura de la legítima defensa privilegiada -contenida en la Ley Nain-Retamal- a policías y militares que usen su armamento, en defensa propia o de terceros, cuando están de franco.
PC y FA, en contra
Ese proyecto ha ido avanzando en el Congreso. Así, el 11 de agosto pasado, la Cámara lo aprobó por un amplio margen, pese al rechazo de diputados PC, FA y algunos PS.
Hoy, el proyecto cumple su segundo trámite y está radicado en el Senado. En la Cámara Alta, legisladores PC y FA ya han anticipado reparos frente a la iniciativa.
En la antesala del debate de la propuesta (ver relacionado), ingresó a la comisión de Constitución de esa rama del Congreso un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre el proyecto. En síntesis, allí el organismo rechaza extender el mecanismo de la legítima defensa a los policías y militares de franco.
Los cuestionamientos al proyecto de ley por parte del instituto se dan en el contexto de la crisis de seguridad, vinculada con una de las mayores inquietudes ciudadanas, y una seguidilla de asesinatos de carabineros durante el presente año: el del cabo Ortiz y los de otros cuatro funcionarios de la misma institución, quienes sí estaban de servicio.
El informe del instituto fue aprobado por los miembros del Consejo el 3 de septiembre pasado. Hasta ahora, el organismo había declinado darlo a conocer, bajo el argumento de que debía ser presentado primero a los senadores.
En el acápite VI del documento ("Recomendaciones"), el INDH pasa revista a las razones que lo llevaron a pronunciarse negativamente acerca de la propuesta.
"No profundizar"
"El Consejo del INDH recomienda no profundizar la reforma introducida por la Ley 21.560 (Nain-Retamal), es decir no ampliar el ámbito de destinatarios de la presunción legal de legítima defensa policial privilegiada (...) a los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas que hacen uso de la fuerza encontrándose de franco, tal como propone el proyecto", se lee al inicio de ese capítulo.
Inmediatamente después, el organismo expone las razones de su postura: "La extensión de la presunción rompe el vínculo funcional que constituye el fundamento mismo de la legítima defensa policial privilegiada, al beneficiar a quien, encontrándose de franco, no ostenta el estatus ni cumple las funciones de resguardo del orden público (...) que la propia ley (...) exige".
El informe legislativo plantea luego reparos sobre los eventuales beneficiarios de la extensión de la legítima defensa: "El funcionario de franco carece de las herramientas institucionales de trazabilidad, registro y control (...) que permiten al sistema de justicia reconstruir objetivamente los hechos y satisfacer el deber de investigación con la debida diligencia".
Las "herramientas de trazabilidad" a que alude el reporte corresponden -según se detalla ahí mismo- a bitácoras, sistemas de georreferenciación, supervisión de un superior y cámaras corporales.
"Impunidad de facto "
De esa manera, expone el organismo, "la presunción legal, en ese contexto, desplaza hacia la víctima o el Ministerio Público la carga de acreditar la ilegitimidad de la agresión y agrava el riesgo de impunidad de facto ".
El INDH estima que extender la presunción a militares resulta "incompatible" con la jurisprudencia relativa a la "intervención excepcional" de los miembros de las FF.AA. en "tareas de seguridad interior", considerando que no han sido entrenados para ello.
El organismo señala también: "La evidencia empírica (...) documenta al menos 39 víctimas civiles fatales en la RM entre 2018 y 2023 a manos de funcionarios de franco o en retiro, con una proporción significativa de adolescentes y con una mayoría de casos vinculados a la protección de intereses estrictamente personales (...) y no al auxilio de terceros".
El instituto se pone en el escenario de que los legisladores continúen con el trámite del proyecto y formula seis recomendaciones específicas: eliminar cualquier tipo de presunción legal respecto de policías que usen la fuerza estando de franco, entre ellas.