No encontré un solo artículo que ataque el costo de vida: empresarios critican ley de competitividad

Cámaras empresariales cuestionaron el artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que habilita un segundo importador en determinados productos y que ha generado reparos de distintas gremiales, a los que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respondió públicamente en defensa de la iniciativa.

Durante una comparecencia de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy) y la Cámara Mercantil de Productos ante la Comisión de Hacienda de Diputados, las gremiales advirtieron sobre posibles efectos en los contratos de exclusividad, los controles sanitarios y los incentivos para registrar nuevos productos. El proyecto de ley ya recibió media sanción en el Senado y está actualmente en discusión en el Parlamento.
El artículo 140 establece un mecanismo para simplificar el registro de importadores subsiguientes. La disposición habilita a otras empresas a registrar e importar un producto que ya fue registrado y evaluado ante las autoridades competentes por un importador inicial.

"Salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo", establece el texto del proyecto remitido a la Cámara de Representantes.

Los contratos de exclusividad

El gerente general de la Cámara Mercantil de Productos, Enrique Lussich, cuestionó el alcance de la disposición y señaló que el proyecto no especifica cómo se resolverían posibles conflictos entre el nuevo mecanismo y los contratos celebrados entre fabricantes y empresas uruguayas.

Si bien se manifestó a favor de simplificar los procedimientos, dijo que la normativa "no debe afectar derechos de exclusividad válidamente otorgados por el titular del producto, del fabricante o propietario de la marca ni desconocer contratos de representación, licencia o distribución exclusiva vigentes y debidamente acreditados".

En ese sentido, la Cámara Mercantil propuso incorporar un inciso que establezca: "Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de las normas de defensa de la competencia y de los derechos derivados de contratos, licencias, autorizaciones o acuerdos de representación o distribución exclusiva válidamente celebrados y vigentes".

Lussich también cuestionó el alcance general del proyecto. "Este proyecto se denomina Competitividad y Reducción del Costo de Vida, pero en sus 239 artículos yo no encontré uno solo que ataque directamente a la reducción del costo de vida", criticó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mercantil, Nelson Lino, señaló que la gremial se reunió con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para presentar propuestas vinculadas a los costos energéticos y logísticos. Sin embargo, afirmó que "no muchos fueron tomados en cuenta y no están contemplados en el proyecto".

Controles e inversiones, la postura de la Cámara de Comercio

La economista de la Ccsuy, Ana Laura Fernández, planteó ante la comisión reparos vinculados con la trazabilidad y la identificación de los productos. Según la gremial, la existencia de varios importadores para un mismo producto podría dificultar la capacidad de control del Estado ante una alerta sanitaria.

Fernández también resaltó la importancia de la conservación de ciertos productos en las góndolas, depósitos y comercios locales. En ese sentido, se refirió a los controles que se realizan una vez que la mercadería ingrese en territorio uruguayo y sostuvo que existe una preocupación respecto a la capacidad de fiscalización de algunos órganos como el Ministerio de Salud Pública; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Bromatología, Intendencias y el LATU.

"Pedimos que estos nuevos jugadores, importadores, fabricantes subsiguientes, cumplan con los mismos requisitos que el importador inicial", dijo.

El gerente general de la Ccsuy, Luis Bajac, se refirió a las inversiones que realizan las pequeñas y medianas empresas para registrar productos. "Si, después de todo ese esfuerzo, viene un laboratorio grande y, sin tener que incurrir en todos esos esfuerzos, se capitaliza toda esa inversión, tiempo y esos registros, no es justo", afirmó. "Entonces, no tenemos que pensar quizás en las grandes empresas, sino también en la gran mayoría", agregó.

En el documento presentado ante la Comisión de Hacienda, la Ccsuy sostuvo que el proyecto "va en dirección correcta pero su alcance es acotado" y que, por sí solo, "no resulta suficiente para incidir de manera sustancial en el costo de vida y en la competitividad del país".

La gremial valoró que se establezca un plazo de un año antes de habilitar la figura del importador subsiguiente, pero consideró que ese período "es insuficiente" para recuperar las inversiones realizadas en el registro de productos y propuso extenderlo a dos años.

En este sentido, la gremial se adhirió al planteo de la Cámara de Industrias (CIU), quien defendió que el artículo debería "eliminarse o desglosarse" ya que entiende que "empeoraría" la competitividad. "La Ccsuy considera que, de no estar dadas las condiciones aquí expuestas, el artículo 140 debería ser desglosado del proyecto y tratado en forma separada".

En el documento, la Cámara de Comercio agregó además que los riesgos comerciales y financieros señalados podrían desincentivar el registro de nuevas marcas y productos, así como la actualización de los ya registrados.

"Si posicionarse como importador subsiguiente implica menor inversión, menor exposición a responsabilidades y, por tanto, mejores márgenes relativos, la norma podría generar efectos contrarios a los que persigue: menor oferta de productos y una reducción de la competencia tanto intramarca como intermarca, en lugar de su ampliación", indicó.