Nombramientos económicos

El Senado ratificó esta semana a Macarena Lobos y Juan Esteban Laval como nuevos comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con 33 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. La votación requería cuatro séptimos de los senadores en ejercicio y se resolvió luego de semanas en que dos nombramientos técnicos se convirtieran en un juego de fuerzas entre gobierno y oposición. El desenlace es positivo, pero el camino recorrido da cuenta de las dificultades que impone la política a nuestra institucionalidad.
Conviene recordar qué estaba en juego. La CMF es, por definición legal, una entidad pública de carácter técnico cuyo mandato es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, resguardando la fe pública. Fiscaliza a bancos, aseguradoras y emisores de valores. Su dirección recae en un consejo de cinco comisionados, cuatro de los cuales son propuestos por el Ejecutivo vía el Ministerio de Hacienda y ratificados por el Senado con un quorum elevado. Con ello se busca que los nombramientos descansen en la idoneidad y en un consenso amplio, no en la distribución de cuotas entre coaliciones.
Lo ocurrido en las últimas semanas apuntó, sin embargo, en la dirección contraria. Al cumplirse los seis años de Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias, desde la oposición se sostuvo que uno de los cupos le "pertenece" a ese sector y se exigió renovar a la comisionada saliente, algo que nunca ha ocurrido desde que la CMF comenzó a funcionar, en línea con la práctica de otros órganos colegiados. Se invocó, incluso, una "regla no escrita" que le daría a la izquierda el supuesto derecho de definir el nombre, cual si se tratara de un representante. La pugna escaló hasta bloquear, como moneda de cambio, la ratificación de un nombramiento pendiente en el Consejo Fiscal Autónomo.
Nada de esto es admisible. Es legítimo por parte de los senadores examinar los méritos y también los eventuales conflictos de interés de un nominado (como de hecho ocurrió respecto de uno de los candidatos propuestos) y, además, la ley contempla la inhabilitación cuando corresponda. Lo que no es legítimo es tratar los asientos de un regulador como propiedad de un sector político ni condicionar otras designaciones a ese reparto. Cuando tal lógica se impone, el incentivo de los comisionados deja de ser la competencia técnica y pasa a ser la lealtad hacia quienes los patrocinaron. Y la alternativa que se llegó a plantear -dejar al consejo con cargos vacantes- mientras se negociaba, hubiese sido una pésima señal para el mercado que la CMF debe cautelar.
Lo ocurrido recientemente con las compañías de seguros ilustra, desde otro ángulo, por qué la fortaleza del regulador exige a la vez independencia y límites. El 16 de octubre, la Corte Suprema declaró ilegal el oficio circular de 2021 mediante el cual la CMF instruyó a las aseguradoras de vida la forma de aplicar el anticipo de rentas vitalicias asociado al tercer retiro previsional. La Corte concluyó que el instrumento había quedado sin sustento normativo luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que objetó las disposiciones referidas al tema incluidas en la reforma que aprobó ese retiro. Ciertamente, un regulador fuerte es un activo institucional. Pero esa misma fortaleza obliga a que sus actos se sustenten en un análisis técnico adecuado, más allá de la presión política del momento. Exige, además, una reserva absoluta antes de la comunicación pública de sus decisiones, pues la información que emite mueve al mercado y a las instituciones supervisadas. Las filtraciones, en un organismo así, no son una falta menor, sino un daño a la confianza que justifica su existencia.
Ambos episodios conducen a la misma conclusión. La solidez de la institucionalidad económica no se mide en los períodos de calma, sino en la capacidad de resistir las presiones cuando estas aparecen.
Ese estándar adquiere especial relevancia cuando se aproxima otra definición de altísima trascendencia: la presidencia del Banco Central, donde el Ejecutivo deberá optar entre renovar a Rosanna Costa o designar a otro consejero. La actual timonel ha demostrado una independencia que es un activo del país, valor que, cualquiera sea la decisión, debe preservarse. Nadie que ocupe ese cargo puede ser percibido como cercano a la política contingente ni, en particular, a la autoridad fiscal, pues la credibilidad de la política monetaria depende de la certeza de que sus definiciones responden al cumplimiento de la misión institucional y no a las necesidades del fisco.