Dónde están los aportes

El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima ha programado para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y excandidato presidencial de esa agrupación, por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La audiencia tiene carácter inaplazable bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, y el Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión efectiva, así como su inhabilitación definitiva para presidir el partido.Los cargos que sustentan la acusación fiscal revisten una gravedad inocultable. Según la fiscalía, en los reportes financieros suscritos por Sánchez entre el 2019 y el 2021 se consignó ?cero soles? como ingresos partidarios en diversos períodos o se declararon montos ajenos a la verdad. Sin embargo, el levantamiento del secreto bancario acreditó que a través de cuentas mancomunadas ingresaron depósitos de militantes por S/208.000 y S/75.550. Mientras al ente electoral se le reportaba la inexistencia de recursos, por cuerda separada circulaban S/283.550 al margen de toda fiscalización oficial.Sin dejar de lado los recursos dilatorios de su defensa legal, que el próximo 25 de noviembre buscará archivar los hechos del 2019 invocando su prescripción, la interrogante política y moral de fondo resulta ineludible: ¿dónde están los aportes y qué hizo exactamente Roberto Sánchez con ese dinero? Cuando el dirigente máximo de una agrupación oculta a la autoridad electoral los fondos entregados por sus propios afiliados, no estamos ante un simple descuido contable, sino frente a una deliberada voluntad de opacidad. Quien esconde el ingreso de dinero impide también rastrear en qué se gastó o a quiénes benefició.Resulta inaceptable que quien postuló a la presidencia de la República y hoy ejerce como asesor en el Congreso pretenda sostener un discurso de rectitud política mientras evade explicar el paradero de cientos de miles de soles. Los partidos no son feudos privados ni cajas negras a disposición de sus cúpulas. La ley exige cuentas claras para impedir que las organizaciones políticas encubran manejos patrimoniales turbios.Más allá de lo que determine la justicia penal, el excandidato de Juntos por el Perú tiene la obligación de responder al país y a sus militantes qué hizo con cada sol ocultado a la ONPE.