El juicio de los expertos a la fórmula del Gobierno para levantar el secreto bancario

El Ministerio de Hacienda apunta a mantener en sede judicial el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero con un plazo más acotado, en casos de lavado de activos y combate al crimen organizado.
En el marco de la discusión en comisión mixta del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, el subsecretario Sebastián Vallebona propuso una reducción del tiempo para otorgar la autorización judicial a la UAF, desde las 72 horas actuales a 24 horas. Esto operará cuando el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) venga de un banco; sea un ROS referido a funcionario público; y un ROS vinculado a una persona jurídica.
Las prevenciones para el alzamiento
Entre los especialistas hubo consenso en apoyar la idea del Ejecutivo de mantener con control judicial el alzamiento. "El Gobierno ahora pone el foco en que esa autorización sea más rápida, con un plazo de 24 horas, expediente secreto y tramitación electrónica. Me parece razonable, porque se gana en agilidad sin eliminar el control de un juez", comenta Joaquín Valenzuela, abogado de Guerrero Olivos. El profesional cree que el control tiene que ser efectivo. "Con plazos tan cortos existe el riesgo de que la autorización se vuelva casi automática, y el tribunal tiene que revisar de verdad si la medida se justifica", añade.
Mauricio López, socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados, validó la aprobación de un juez para el alzamiento. "Las cifras sugieren que el principal problema en relación a la información que está en las cuentas bancarias no radica en la existencia del control judicial, sino en la eficiencia del sistema. Todo indica que el juez no es el obstáculo, sino que es garantía", dice.
Matías Balmaceda, socio de BCP Abogados, enfatiza que "lo importante es que no se trata simplemente de acceder a esta información cuando se requiera, sino que existe un parámetro objetivo: que el propio banco haya reportado una determinada actuación o transacción como sospechosa". Agrega que "cumplido ese presupuesto, se podría acceder a la información bancaria" que antes debería autorizar un juez.
La observación del gobierno anterior
Heidi Berner fue la subsecretaria de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric. En esa condición le tocó tramitar el proyecto original que crea el subsistema de inteligencia económica y que proponía una fórmula distinta a la que plantea la actual administración: que en determinados casos la UAF pudiera acceder de manera directa a la información financiera.
La economista expuso reparos a la propuesta de mantener en sede judicial el levantamiento. "No se hace cargo de la complejidad administrativa para pedir autorizaciones judiciales en operaciones complejas, que involucran cientos de cuentas, como ha sido el caso con operaciones vinculadas al Tren de Aragua en los últimos años", sostuvo. Heidi Berner expresó otras dudas respecto del planteamiento realizado por el Ejecutivo, las que se deberían aclarar con el texto definitivo de las indicaciones.
Las otras facultades
Hacienda también incorporó una nueva potestad de monitoreo de productos de los involucrados que tengan autorización judicial de alzamiento de sus cuentas. Se plantea que el monitoreo sea de hasta 30 días, prorrogable una vez. En este tiempo, los bancos no pueden cerrar ni restringir productos por causa del monitoreo. Si el dinero se traspasa a otra cuenta, la alerta habilita una autorización judicial complementaria o anexa, que va a quedar en el mismo expediente. Asimismo, habrá una suspensión de productos en transacciones de alta prioridad, de hasta 15 días, ampliable otros 15 con autorización judicial, previa coordinación con el Ministerio Público.
"El ejercicio de esta facultad debe estar sujeto a autorizaciones judiciales fundadas en antecedentes concretos, respecto de productos determinados y con límites precisos de alcance y duración", alertó Mauricio López.