Dos días antes del anuncio de la oposición, el Gobierno renovó urgencia a una reforma para elevar exigencias de las AC

El miércoles, la oposición finalmente anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la crisis generada por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores de edad.
Dos días antes, cuando ya se anticipaba el libelo de la izquierda, el Gobierno decidió renovar la urgencia simple para la tramitación de una reforma orientada a elevar el estándar requerido para la aprobación de una acusación constitucional.
Al margen del libelo a Rabat, entre diversos sectores políticos existe conciencia de la proliferación de este tipo de acciones que más que apuntar a una fiscalización, se han convertido en una opción para golpear a las administraciones de turno. Sumarían 38 las AC contra ministros de Estado desde 1990.
Primero interpelar
Para intentar limitar su uso, la reforma en discusión propone una regulación más robusta en tres aspectos: primero, eleva de la mitad más uno de los presentes en sala al momento de votar, a mayoría absoluta de los diputados en ejercicio (78), el requisito para aprobar si se da lugar a una acusación constitucional.
En referencia a esa materia, también elimina la diferenciación que hace la norma vigente entre autoridades: por ejemplo, el libelo contra un ministro de Estado necesita menos votos para avanzar que otro al Presidente de la República.
Otro artículo que se propone modificar en la Carta Fundamental es el que ahora pide entre 10 y 20 diputados para poder presentar una AC. Ese requisito se plantea fijarlo parejo en 20 legisladores firmantes.
Tal como la iniciativa apunta a modificar las exigencias para iniciar una acusación, se propone que en el caso de los ministros de Estado, será requisito previo para la interposición del libelo el haberse ejercido la facultad referida en la letra b) del numeral 1), del artículo 52 de la Constitución, vale decir, una interpelación. Esto, con la idea de escalar la acción fiscalizadora y no pasar inmediatamente a la ofensiva mediante una AC.
Estas modificaciones y el interés del Gobierno por impulsar la moción responderían a la preocupación casi transversal por las consecuencias de un libelo, en que el acusado se expone a ser destituido del cargo y a una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años, por lo que, consideran algunos, se haría necesario elevar los requisitos para su presentación.
Sin "suficiente fundamento"
Ante la urgencia del Ejecutivo, la reforma fue tramitada el martes en la comisión de Constitución de la Cámara. Hasta ahí llegaron expertos en la materia.
El constitucionalista Patricio Zapata consideró "valioso el iniciar la discusión de la reforma", así como "estar de acuerdo con el sentido de la reforma, que es hacer un aporte normativo a efectos de evitar que se presenten, se voten y se aprueben acusaciones respecto de las cuales uno pudiere estimar, con todo respeto por los patrocinantes, que no tenían suficiente fundamento".
En opinión del exembajador y exintegrante del TC Arturo Fermandois, la propuesta "es positiva para dos efectos de la acusación constitucional: para profundizar su naturaleza de instrumento de u ltima ratio en político, y segundo, para perfeccionar las figuras bajo las cuales se puede acusar".
Javier Couso (U. de Utrecht, Países Bajos) calificó la reforma como "bien inspirada, pero que se enmarca dentro de una propuesta que no pretende entrar a modificar de una manera fundamental una institución centenaria (AC)".
También se incorporó al debate el especialista Domingo Lovera. Él cree que si se continúa usando la AC como herramienta de "control político", no importan las barreras que se sumen para morigerar su utilización, pues, afirmó, igual se presentarán.
La reforma la firman desde Gael Yeomans (FA) hasta Guillermo Ramírez (UDI).