Costo del tag

El uso del tag se está extendiendo, desde sus inicios en las autopistas urbanas, a carreteras en todo el país, dada su conveniencia para los usuarios. Esto ha hecho reaparecer una vieja preocupación sobre el valor del comodato del dispositivo. Cada aparato está ligado a un vehículo, y se requiere para circular en forma eficiente y legal por las vías que han adoptado el sistema de pórticos. El valor mensual del dispositivo, que solo se entrega en comodato, es de $740, reajustables anualmente. Algunos usuarios consideran que este precio es exagerado o que deberían pagarlo los propios concesionarios, y critican que sea otra fuente de ingresos para las empresas.
Las estimaciones sobre el costo de los tags entregados en comodato no deben omitir que su vida útil es limitada y que los ingresos que recibe el concesionario contribuyen a reponerlos aproximadamente cada cinco años, cuando comienzan a fallar; el cálculo debe considerar solo los ingresos que se generan durante esa vida útil. Por otro lado, si se entregan gratuitamente -como en algunas concesiones recientes-, su valor se incluye en la definición de las ofertas para adjudicarse la licitación. Es decir, los usuarios igualmente los pagan, solo que incorporados en la tarifa del peaje.
Cartas a este diario han llamado la atención sobre un tema importante: ¿por qué no reemplazar la lectura del tag por la lectura de la patente? Esto podría ser implementado con los medios actuales, que ya realizan esa lectura. La dificultad es que podría aumentar aún más la presencia de vehículos sin licencia o con licencias adulteradas o escondidas, algo que se observa a diario en las autopistas. Y es que la obligación del uso del tag permite disponer de dos mecanismos de verificación de la presencia del automóvil en el pórtico.
Con todo, las concesionarias debieran ofrecerles alternativas a sus usuarios. Una opción sería emular la que existe en el sector eléctrico. Allí se determinó que los clientes podían instalar medidores de su propiedad, los que debían estar certificados y la instalación verificada por inspectores autorizados. Así, actualmente un 70% de los medidores pertenecen a los propietarios de los inmuebles y el resto son entregados en comodato por las distribuidoras eléctricas. De modo similar, se podría permitir que los dueños de automóviles compren sus propios tags certificados y los registren, con lo que la controversia desaparecería.
En realidad, la discusión sobre el tag es una muestra más de la impopularidad que en algunos sectores genera el pagar mensualmente por el uso de las obras concesionadas. Este malestar ha preocupado al Gobierno y lo llevó a iniciar negociaciones con las empresas para reducir tarifas mediante la extensión de los contratos. Con todo, los resultados de esa negociación, que a primera vista parecen positivos, podrían introducir nuevos riesgos para el sistema, al aumentar la demanda y, con ello, la congestión en las vías. Como en muchas materias, la solución de largo plazo al descontento radica finalmente en una mayor tasa de crecimiento económico, que eleve las remuneraciones y reduzca el impacto de los peajes sobre los presupuestos familiares.