Empuje tributario a empresas que inviertan y den empleo

La propuesta de Ley de Rescate Fiscal contempla la creación del Régimen Único para Generar Estabilización Empresarial (RUGE), un esquema que ofrecería tarifas de tributación del 20% y 26% a determinadas compañías, con el propósito de incentivar la inversión y la generación de empleo en Colombia. Así lo explicó Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al analizar los principales componentes de la iniciativa del Gobierno. Según señaló, el nuevo régimen busca establecer condiciones tributarias favorables para las empresas que cumplan determinados requisitos de inversión y vinculación laboral, en una apuesta por estimular la actividad productiva y atraer nuevos proyectos. El RUGE, cuyo nombre corresponde al Régimen Único para Generar Estabilización Empresarial, tiene como referente el régimen de megainversiones impulsado durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, Junco lo describe como una versión mejorada de ese mecanismo, con condiciones que permitirían a las compañías acceder a tarifas reducidas del impuesto de renta, dependiendo de los compromisos que asuman. La propuesta introduce así un componente de incentivos dentro de una reforma que también plantea cambios en la carga tributaria de distintos sectores. Mientras la tarifa general de renta tendría una reducción gradual, el RUGE abriría la posibilidad de que ciertas empresas tributen a tasas inferiores, siempre que respondan a los criterios establecidos para acceder al beneficio. Uno de los elementos centrales del esquema es que las tarifas del 20% y 26% no serían aplicables de manera general a todas las compañías. De acuerdo con Junco, el acceso dependería de las acciones y condiciones que cumplan las empresas, en función de los objetivos de inversión y generación de empleo que contempla el régimen. La iniciativa apunta a que los beneficios tributarios estén vinculados con compromisos empresariales concretos. De esta manera, el tratamiento preferencial en el impuesto de renta estaría condicionado al cumplimiento de los requisitos previstos para el RUGE, en lugar de convertirse en una reducción automática para el conjunto del tejido productivo. En términos de impacto laboral, las estimaciones mencionadas por el exdirector de la Dian apuntan a que el régimen podría contribuir a la generación de alrededor de 350.000 empleos. La cifra pone el foco en uno de los objetivos que busca alcanzar el Gobierno con este instrumento: que los beneficios tributarios se traduzcan en nuevas inversiones y oportunidades de trabajo. El alcance de esa proyección dependerá de la implementación del régimen y de las condiciones que finalmente queden incorporadas en la ley. Por ahora, el planteamiento presentado por Junco muestra que el Gobierno busca combinar una reducción de la tarifa general empresarial con incentivos diferenciados para compañías que desarrollen proyectos bajo los parámetros establecidos. Además, se propone una reducción en la tarifa general de renta empresarial, la cual disminuirá progresivamente, pasando del 35% al 33% en el año 2027 y al 31% a partir de 2028. mantendría beneficios para las Zomac El nuevo régimen no sería el único instrumento de incentivo a la inversión contemplado en la propuesta. Según explicó Junco, la iniciativa también mantendría los beneficios tributarios para las zonas francas y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), que cuentan con tratamientos especiales dentro del sistema fiscal colombiano. La continuidad de estos beneficios supone que la reforma no eliminaría todos los mecanismos diferenciales existentes para promover la actividad económica en territorios o esquemas empresariales específicos. Por el contrario, el planteamiento combina la creación de un nuevo régimen con la permanencia de instrumentos que ya contemplan condiciones tributarias particulares. Este punto resulta relevante porque la propuesta busca modificar distintos componentes de la tributación empresarial sin desmontar todos los incentivos vigentes. El RUGE se sumaría a los tratamientos especiales para zonas francas y Zomac, dentro de una estructura que pretende vincular parte de los beneficios fiscales con la inversión y la generación de empleo. Aun así, el diseño definitivo de estos mecanismos dependerá del trámite legislativo y de los ajustes que puedan introducirse durante la discusión en el Congreso. La iniciativa fue radicada el 29 de octubre y, de acuerdo con el análisis de la firma Orza, el Gobierno cuenta con poco más de seis semanas para intentar completar los cuatro debates antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 16 de diciembre. Ese calendario representa un desafío para el Ejecutivo, que deberá buscar acuerdos con las bancadas y los coordinadores y ponentes del proyecto. La discusión no se limitará a los incentivos empresariales: también incluye medidas que pueden modificar la carga tributaria de distintos sectores y cambios en la estructura del Estado, asuntos que podrían generar diferencias durante la negociación política. Menores tarifas empresariales Aunque la reducción de la tarifa general de renta y la creación del RUGE buscan mejorar las condiciones tributarias para la inversión, Junco advirtió que otros componentes de la propuesta podrían elevar los costos de contratación formal para algunas empresas. El principal cambio señalado por el exdirector de la Dian está relacionado con las exoneraciones de aportes patronales a salud, Sena e ICBF. De acuerdo con su explicación, el proyecto limitaría la exoneración a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos. Esto significaría que, para los empleados con ingresos superiores a ese umbral, los empleadores tendrían que asumir pagos esos mayores pagos.