España, lecciones de una tragedia

El accidente ferroviario que conmocionó a España la semana pasada causó 69 fallecidos y más de 200 heridos. Un tren AVE de alta velocidad colisionó a 180 km por hora con un tren de la operadora Iryo detenido en la línea. En un medio que debería ser de los más seguros para sus pasajeros, el accidente se debió a una concatenación de negligencias y errores. Fue la segunda tragedia de este tipo en la línea Madrid-Sevilla en un mismo año. Deja una dura lección respecto de las consecuencias de políticas de infraestructura vistosas pero irresponsables.
Durante las últimas tres décadas, España construyó la segunda mayor red de ferrocarriles de alta velocidad del mundo, después de China. Muchas de esas líneas no habrían podido superar una evaluación objetiva de costo beneficio, pero se hicieron por razones políticas y porque existían recursos disponibles de la Unión Europea. Sin embargo, este financiamiento, en general, no contempla el importante costo anual de mantención del sistema. Disponer de los recursos para esto último exige disciplina fiscal, de manera de resistir la tentación de redestinarlos a usos más atractivos que reparar rieles, mejorar el equipamiento y los sistemas de seguridad, y entrenar adecuadamente a los encargados.
Ambos accidentes se produjeron por problemas ligados a esta falta de disciplina. El de enero, en que murieron 46 personas, se debió a una soldadura deficiente de un riel debido al uso de un equipo incorrecto; se sumaron a ello inspectores de línea sin experiencia y un mal diseño del sistema de alertas. Informes posteriores confirmaron la tendencia a gastar recursos en nuevas líneas antes que en el mantenimiento de las existentes: solo el 16% de los recursos dedicados a la red de alta velocidad fueron a este último fin, la mitad de lo que destinan otros países europeos.
En el accidente de la semana pasada, en tanto, luego de una falla del sistema de señales automático, se pasó a usar el sistema manual. Pero, aunque el reglamento obliga en esas circunstancias a funcionar con velocidad reducida para poder frenar a tiempo si hay imprevistos, el tren de AVE recibió la orden de hacerlo a velocidad normal. Estos errores se transformaron en fatales al no informarse al conductor del AVE la situación del tren Iryo detenido en la misma línea.
El sistema automático data de 1982 y hacía años que se pedía su reemplazo por sus fallas y antigüedad. A su vez, las erradas indicaciones de la mesa de operaciones podrían explicarse por un entrenamiento y procedimientos ineficaces. Por todo eso, la responsabilidad de la tragedia es atribuible no solo al personal directamente involucrado, sino también a quienes no supervisaron adecuadamente y a las autoridades que postergaron los recursos para el mantenimiento. Ello explica el impacto político de esta tragedia en medio de la campaña electoral española, que llevó a la caída del ministro de Transportes, Óscar Puente, una de las figuras más importantes del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
España planeaba seguir ampliando su red de transporte rápido hasta alcanzar los 7.000 km de líneas, muchas de ellas sin sentido económico ni social (salvo la existencia de recursos subsidiados de la UE). Este nuevo accidente muestra que, más bien, lo que debe hacer es invertir en las áreas que ha descuidado: el mantenimiento, la renovación, y la preparación de los equipos de personas que manejan el sistema. Asimismo, debe sentar un ejemplo para el futuro, mediante una investigación pública que establezca y sancione todas las responsabilidades involucradas.