De más a menos

Así como a comienzos de noviembre empiezan a verse en Colombia las decoraciones navideñas y no falta quien se aventure prematuramente con un villancico, también es usual que tengan lugar las primeras escaramuzas respecto a la fijación del salario mínimo. Inicialmente aparecen los planteamientos de los analistas, junto con las declaraciones que sirven de preámbulo al espacio de negociación formal en donde se debe abocar el asunto. Acto seguido se fijan las fechas de una serie de etapas. Tal como lo señalan las normas, el ámbito para dicha discusión es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de la cual forman parte los representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Gobierno. Los plazos son claros, pues una vez se reciben diferentes insumos y se destapan las cartas, a más tardar el 15 de diciembre debe llegarse a un consenso. Aunque bajo ciertas circunstancias el cronograma se puede mover algunos días, de no haber humo blanco, el Ejecutivo está obligado a expedir un decreto antes de que concluya el último mes del calendario. Y si bien un entendimiento entre las partes puede lograrse, en la presente ocasión la probabilidad de que así sea parece más baja que en otras oportunidades. Vientos cruzados El motivo es que el ambiente viene cargado, tanto por los antecedentes de 2025 como por las circunstancias propias de la coyuntura. El año pasado, empresarios y sindicatos se atrincheraron en sus posiciones, pues mientras los primeros ofrecieron un incremento de un dígito, los segundos exigieron uno del 16 por ciento. Pero en vez de optar por un punto intermedio, la administración Petro fue más allá y se inclinó por un 23 por ciento que no estaba en las cuentas de nadie. Con dicho precedente, las centrales obreras se encaminarían a endurecer su postura y no han faltado los dirigentes que hablan de un 38 por ciento, gracias al cual se alcanzaría el llamado "mínimo vital". Este —calculado en 2,42 millones de pesos mensuales— es definido como la remuneración necesaria para que un empleado y su familia puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir dignamente, según el enfoque impulsado por la OIT. Además, las conversaciones tendrán lugar mientras en el Congreso se debate el proyecto de ley de rescate fiscal, que en su versión inicial contiene propuestas polémicas. La más debatida es la de pasar una serie de bienes y servicios que hoy están exentos o sujetos a un gravamen del 5 por ciento a la tarifa general del 19 por ciento. Aunque esto sucedería solo hasta 2028, y se prevé un esquema de devolución en beneficio de los más pobres, desde ya sirve como excusa para exigir un alza importante. Mientras tanto, varios dirigentes gremiales han reiterado la importancia de volver a la ortodoxia. Según la fórmula tradicional, el aumento debería reflejar la inflación en el año que termina con el fin de mantener el poder adquisitivo real, más la mejora en la productividad que certificará el Dane en unos días. A primera vista, ello derivaría en una subida cercana al 8 por ciento, es decir, 1,89 millones de pesos mensuales, a lo cual se le sumaría el subsidio de transporte. Tal como se ven las cosas ahora, será el Gobierno el que acabará definiendo el asunto. Una de las opciones es optar por la moderación, con el fin de no presionar los costos laborales justo cuando la economía da señales de desaceleración. Eso de paso les ayudaría a las finanzas públicas, no solo por cuenta de lo que vale la nómina oficial, sino por el reajuste de las pensiones. Otro escenario es el de ser un poco más laxos y dejar que el crecimiento salarial vaya hasta el doble dígito, por encima del 10 por ciento. En este caso, la decisión tendría un componente más político que técnico, pues a fin de cuentas 2027 es un año electoral y mucha gente cree que un reajuste importante equivale a combatir la pobreza por decreto. Ojalá, sin embargo, la vía escogida acabe derivándose de un análisis más profundo, que incluya tanto las comparaciones internacionales como la literatura académica. Porque en este punto, no todo lo que brilla es oro ni garantiza más y mejores empleos. Que hablen los datos Como lo señala Cristina Fernández, profesora de la Universidad del Rosario, vale la pena tener en cuenta lo sucedido en tiempos recientes. Durante el cuatrienio pasado, el mínimo se elevó en 75 por ciento en términos nominales y 38 por ciento en reales, algo que benefició directamente a cerca de 2,9 millones de trabajadores formales que dependen de esa remuneración y a unos 2,2 millones de pensionados. Pero esa es tan solo una cara de la moneda. La experta agrega que "para 16 millones de individuos que también integran el mercado laboral, lo ocurrido hace más difícil encontrar una ocupación formal, aparte de subir las cotizaciones de quienes trabajan de manera independiente y desean hacer los aportes que exigen las normas". Tampoco se puede desconocer lo que la situación implica para las compañías. Según Fernández, el costo de contratar a un trabajador en Colombia a mediados de 2026 se ubicó en el equivalente de 869 dólares, el más alto de América Latina, cuando se suman salario y contribuciones de ley. Puesto de otra manera, hay un problema de competitividad que afecta la propensión a crear plazas formales. Para colmo de males, elevar tanto la vara condena a la marginalidad permanente a millones de personas. Basta con recordar estimativos según los cuales el 44 por ciento de los trabajadores en el territorio nacional recibe un ingreso inferior al mínimo. A su vez, el Dane calculó que 11,3 millones de individuos ganaban menos que esa remuneración en 2025, cifra equivalente al 48,9 por ciento de todos los ocupados. Los impactos de la largueza en lo que atañe a la política salarial son múltiples. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas acusan más el golpe de los incrementos excesivos que las grandes, sobre todo si son intensivas en mano de obra. De otro lado, un documento del Banco de la República señala que, por cada punto porcentual de alza en el mínimo por encima de la inflación, se produce una pérdida de empleos que oscila entre 46.000 y 72.000 por año. Esto tiende a acentuar la desigualdad y la vulnerabilidad de los más pobres, que se vuelve más extrema cuando se considera la incidencia de los reajustes salariales en los precios. Es verdad que argumentos como los esbozados son ignorados por quienes señalan que el mercado laboral colombiano mostraba hasta hace muy poco señales de fortaleza. Pero vale la pena recordar que las contrataciones en el sector público, que tienen mucho que ver con la debacle fiscal de ahora, compensaron con creces las reducciones en el empleo privado. Dado que las discusiones usualmente giran alrededor de datos agregados es fácil perder la perspectiva de lo que el comportamiento del salario mínimo implica en ciertos segmentos. Sobre este asunto, una investigación reciente realizada por los economistas Manuel Fernández y Hugo Villalba, entre otros autores, entrega elementos de análisis. En el estudio, los autores se centraron en una empresa específica que presta servicios de limpieza, en donde la gran mayoría de la planta de personal gana el mínimo. A lo largo de varios años de aumentos reales en el salario, que se tradujeron en lo cobrado a los usuarios, se detectó una reducción en la demanda. Al final del periodo evaluado, perdieron consumidores y dueños, al igual que los trabajadores desplazados que comenzaron a ganar menos por su labor. Solo aquellos que conservaron su empleo salieron avante. Para Fernández, profesor de la Universidad de los Andes, "lo que pasó con el mínimo afectó totalmente la capacidad de funcionamiento del negocio". Ante la evidencia, quienes tomen la decisión respecto al reajuste salarial de 2027 deberían distanciarse de los cantos de sirena del populismo y centrarse en una resolución que tenga efectos positivos para la mayoría. En lugar de creer que un salto desproporcionado en el mínimo favorece a muchos, hay que recordar que premia solo a una fracción de la fuerza laboral y que, por el contrario, puede empeorar la realidad del resto. Bien señala el refrán que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.