Director de Barbadillo será separado por contrato de su hija con diputada de JP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció ayer en ?Tenemos que hablar?, videopódcast de El Comercio, que Calixto Lucero Rodríguez dejará la dirección del penal de Barbadillo, luego de que el programa ?Cuarto poder? revelara que su hija, Yulissa Lucero Chujutalli, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú (JP). En ese centro penitenciario cumple su condena de 11 años y cinco meses el expresidente Pedro Castillo, sentenciado por conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Castillo respaldó a Roberto Sánchez en la última campaña y tiene familiares elegidos por JP: su hermano José Mercedes Castillo, senador, y su cuñada Yenifer Paredes, diputada.?Quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia?, sostuvo Álvarez. Precisó que Lucero, designado durante el gobierno de José María Balcázar, no puede ser destituido de inmediato de la carrera, pues antes debe pasar por una investigación interna del INPE. Como funcionario de carrera, tampoco estaba obligado a presentar una declaración jurada de intereses. Isla, asidua visitante de Castillo, aseguró que necesitaba personal. ?Hemos llamado a muchas personas?, declaró a ?Cuarto poder?. Además, negó conocer al director del penal y rechazó que el exmandatario le haya sugerido la contratación.El reportaje también reveló que Alejandro Hurtado Paz, hijo del agente del INPE en Barbadillo Juan Ramón Hurtado Barrenechea ?considerado hombre de confianza de Castillo?, trabaja para la bancada de JP con un sueldo cercano a S/8.000. Además, el exdirector del penal Héctor Sandoval Moreno asesora a la Comisión de Justicia, presidida por Catherine Palomino (JP), que tramita la amnistía para el expresidente.?Proceso sancionador?Álvarez advirtió que no se trata solo de un problema ético, sino de una posible infracción laboral, y anunció un proceso sancionador para determinar si hubo trato preferencial a Castillo. Este comenzará cuando concluyan las indagaciones internas. El INPE comunicó que el personal involucrado será removido de inmediato. En tanto, el vocero de JP, Ernesto Zunini, pidió suspender el vínculo laboral de un trabajador de la bancada, en aparente referencia a Hurtado, y defendió que la amnistía se debata por su contenido.Desde Renovación Popular, Roxana Rocha pidió al presidente del Congreso, Miguel Torres, aclarar si los contratados cumplían los requisitos de sus cargos. Su colega Aldo Bravo habló de un posible intercambio de favores: ?¿Trátame bien a Castillo y yo te contrato a tus hijos??. Diethell Columbus (Fuerza Popular) consideró que JP intenta ?curarse en salud?, aunque aún no ve elementos para llevar el caso a la Comisión de Ética.Para el penalista Carlos Caro, la fiscalía tiene elementos para abrir una investigación preliminar por presunto cohecho, negociación incompatible o nombramiento ilegal, si los contratados no reúnen el perfil. La hipótesis inicial es que JP habría entregado estos puestos a cambio de flexibilizar el régimen carcelario de Castillo. Ahora deberá establecerse cómo llegaron esas personas a sus puestos y si hubo beneficios para Castillo.