Ejecutivo promulga dos decretos legislativos que modifican el Código Penal

Por Martín Calderón
El Ejecutivo promulgó dos nuevos decretos legislativos que modifican el Código Penal. El primero redefine los alcances de la legítima defensa y el segundo establece que quien facilite su cuenta bancaria o billetera digital a un extorsionador recibirá la misma pena que este.Los decretos, publicados el domingo en ?El Peruano?, forman parte de un paquete que el gobierno de Fujimori viene promulgando al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso por un plazo de 90 días. Para el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, las iniciativas priorizan la protección de la ciudadanía. ?Se trata de proteger al ciudadano y ya no al delincuente?, dijo en ?Tenemos que hablar?, videopódcast de El Comercio.?Principales cambios?El D. Leg. 1743 modifica el art. 20, inciso 3, del Código Penal e incorpora una presunción de racionalidad en favor de quien ejerce la legítima defensa. ?Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario?, señala.El decreto añade que ?la racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad?. En cuanto al D. Leg. 1744, este añade el numeral 3 al art. 200 del Código Penal, referido a los delitos de extorsión. El citado artículo establece pena de cárcel de entre 10 y 15 años para extorsionadores. Ahora, se establece que ?la misma pena se aplica al que, con conocimiento de su finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporciona, cede o presta la utilización de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, propios o de terceros, destinados a recibir o canalizar la ventaja económica indebida exigida?.Los casos se evaluaban bajo las reglas generales de autoría y participación del Código Penal. Por ello, quien facilitaba una cuenta podía ser procesado como coautor o cómplice primario. Para el penalista Vladimir Padilla, la modificación de la legítima defensa podría tener un efecto limitado en la práctica, pues la evaluación sobre la racionalidad del medio empleado seguirá dependiendo del criterio del fiscal. El penalista Carlos Caro señaló que, antes de la modificación, la legítima defensa estaba condicionada a que la persona utilizara un medio racional para impedir o repeler una agresión ilegítima.
Respecto del D. Leg. 1744, el penalista Carlos Caro dijo a El Comercio que el cambio busca cerrar el argumento de quienes alegaban que solo habían facilitado sus cuentas a familiares, amigos o conocidos, sin participar directamente en la extorsión.