Cuestionada estructura de Codelco

El carácter estatal de Codelco hace que su administración esté sometida a un escrutinio público mayor que el de una empresa privada, con las connotaciones políticas que eso conlleva. Los riesgos que una empresa estatal asume, y los resultados que de ello se derivan, involucran a toda la población y no solo a los accionistas, como en las compañías privadas. En estas, dicho escrutinio está radicado en las clasificadoras de riesgo o en los analistas financieros que entregan sus conclusiones a los inversionistas. En el caso de Codelco, aquello se ve extendido al público general. Y en el caso específico del abultamiento de la producción de los años 2024 y 2025, que provocó la citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas, tal escrutinio público, que incluyó la transmisión por streaming de la misma, resultó ineludible, no solo por la gravedad propia de los hechos, sino además por lo que estos revelan respecto del funcionamiento de la empresa.
El duro cuestionamiento que los ministros de Hacienda y Economía, como representantes de los accionistas, hicieron a los miembros del directorio a raíz del abultamiento productivo era algo esperable. En efecto, este significó pagos indebidos por US$ 14 millones a trabajadores de Codelco, y castigar resultados por alrededor de US$ 170 millones, al tener que reversarse producciones inexistentes. En particular, cuando los ministros consultaron por los reportes de producciones anormalmente altas en los meses de diciembre de distintos años, que sugerían una alteración de las cifras, el directorio respondió que ello fue consultado al presidente ejecutivo de ese momento y que este les respondió, en tan solo tres días, que todo estaba bien. Esto implica que la alta dirección de Codelco no fue capaz de entregar una respuesta veraz al directorio, ya sea por incompetencia, o directamente por ocultamiento de parte de estos u otros ejecutivos. Resulta inaceptable que la cultura interna de la compañía admita una situación de ese tipo, y que las denuncias anónimas fueran determinantes en que finalmente el directorio pudiese arribar a la verdad de los hechos.
Los problemas productivos que Codelco ha tenido en el último tiempo, en que su producción se ha ido reduciendo -a pesar de las enormes inversiones en proyectos estructurales, cuyo objetivo era, precisamente, que esa disminución no se diera-, pueden haber conducido a una presión por mostrar mejores cifras, lo que, a su vez, pudo haber facilitado los mencionados abultamientos. Este es un problema de cultura interna, cuya laxitud en los controles parece ser tal que deja espacio al ocultamiento de información. Pero también es un problema de estructura de gobernanza, a distintos niveles, que el directorio de la compañía debe revisar en profundidad. No se trata, como se ha planteado por algunas voces, de que necesariamente se requieran más directores con experiencia en el rubro minero, pues eso no modificará las prácticas internas, sino de establecer una estructura organizacional al interior del holding y de sus divisiones que responda de mejor manera a los modernos requerimientos de una empresa del tamaño y sofisticación de Codelco. El presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, ha indicado que esa es una tarea a la que se abocarán el próximo año, además de los esfuerzos por mejorar la rentabilidad de su operación. Al respecto, agregó que tienen claro que la incorporación de capital privado en las operaciones que así lo permitan es el camino a seguir, y ya tienen varios proyectos en esa dirección. El más visible y emblemático es, sin duda, Novoandino Litio, compañía productora de litio cuya propiedad es compartida con SQM, con esta última manejando la gestión.
Por el bien del país, los problemas productivos, de endeudamiento financiero y de estructura interna de Codelco deben ser abordados seriamente, y las soluciones han de buscarse sin las restricciones políticas que, en el pasado, impidieron que el análisis de Codelco se hiciera de manera más abierta. Es de esperar que los esfuerzos de la actual administración de la empresa por corregir rumbos cuenten con un apoyo político transversal, incluida una izquierda que es una dura crítica de las fallas en que incurren los privados, pero que en cambio suele reaccionar con pasiva tolerancia a los problemas de gestión y abusos cuando el propietario es el Estado.