Realizan diligencias por entrega de decretos y expertos consideran que aún no hay antecedentes suficientes para la intervención de fiscalía y que se debe distinguir lo administrativo de lo penal

Un fuerte reproche político por parte de la oposición ha tenido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por las diversas aristas del caso de rebaja de condenas contra sentenciados por ilícitos sexuales contra menores de edad.
Uno de ellos es que grupos parlamentarios y la Defensoría de la Niñez pidieron información al ministerio para examinarla en el marco del caso y de las tramitaciones legislativas que se pretenden hacer. De hecho esa fue la razón por la que el senador Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución, no invitó al secretario de Estado a sesionar durante el lunes. Sin embargo, la postura del Ejecutivo ha sido una: los entregará, pero una vez que se logre tarjar los nombres y hechos que pudieran identificar a las víctimas.
Ahora, una nueva institución apareció en la búsqueda de los actos administrativos. Eso, luego de que el Ministerio Público asignara a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la indagatoria penal que surgió tras la denuncia de los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC).
"Fiscalía nos solicitó los decretos, una diligencia que corresponde dentro de sus facultades, nos dio un plazo determinado que aún no vence y por lo tanto es un plazo de siete días hábiles que aún no vence", mencionó el ministro Rabat ayer.
No obstante, expertos afirman que el reproche es político y que no habría ilegalidad en la entrega de los beneficios; por ello sería mejor esperar a que otras instituciones indaguen eventuales irregularidades y encuentren antecedentes que pudieran establecer un reproche penal.
La penalista Catherine Lathrop cree que "si existen antecedentes concretos de una infracción penal, corresponde investigarlos. Pero si lo que existe es una discrepancia respecto de la interpretación o aplicación de una ley, hay otras instituciones, como la Contraloría, llamadas a ejercer el control de legalidad que les corresponde".
Por su parte, Cristián Riego, académico de la U. Diego Portales, estima que "es una tendencia que tiene la fiscalía a involucrarse en cualquier cosa que aparezca como una discusión relevante en el país o un escándalo de cualquier tipo, probablemente como una cuestión comunicacional, para aparecer como que está a cargo y está involucrándose en los problemas más importantes".
De igual manera, Lathrop cree que "el Ministerio Público tiene, por cierto, el deber constitucional y legal de investigar los hechos que revistan caracteres de delito. Sin embargo, ese deber no significa que toda denuncia o controversia pública deba necesariamente traducirse en una investigación penal de largo aliento".
Por su lado, Riego agrega que "aquí claramente todavía no hay ningún indicio de delito, igual que en el caso del alud (en Las Condes, donde indaga la Fiscalía Metropolitana Oriente) y, por lo tanto, no tiene competencias para gastar recursos en algo así, hasta que haya indicios de que pudiera haber algún delito involucrado".
Frente a este escenario, Lathrop interpreta que "es fundamental que la fiscalía mantenga una distinción muy clara entre lo político y lo jurídico. Que una decisión administrativa genere controversia, cuestionamientos políticos o incluso rechazo ciudadano no significa, por ese solo hecho, que exista relevancia penal. El derecho penal no puede convertirse en una herramienta para resolver controversias políticas ni la persecución penal puede sucumbir al clamor popular".