Mordidas de ratas y úlceras abiertas: Las razones de la Justicia para imputar homicidio a encargadas de asilo

Los ancianos del hogar Cayetano de la Unión, -que fueron encontrados en estado de abandono en julio de este año- sufrieron mordeduras de ratas, vivieron entre sus propios excrementos, y tenían fracturas y úlceras infectadas, producto de la permanencia prolongada en la cama sin los cambios de posición necesarios.

Estos nuevos detalles sobre las condiciones de vida en el residencial surgieron en la audiencia en la que la Justicia amplió la imputación contra la dueña y la encargada del establecimiento, y a cuyo audio accedió El País.

En julio de este año, tras la clausura del local, ambas fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, estafa, abandono de personas incapaces y omisión de asistencia, todos en calidad de autoras. Por esos delitos fueron enviadas a prisión por 120 días.

Ahora, la fiscal Sylvia Lovesio encontró pruebas de que siete ancianos murieron producto de las condiciones de abandono en el hogar. A raíz de la nueva evidencia, la Justicia amplió la investigación e imputó a ambas por reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual. Además extendió la prisión preventiva hasta el 4 de mayo de 2027.

Ratas

La investigación comprende dos establecimientos vinculados a la dueña: un residencial principal, conocido como Cayetano, en el que había 12 personas viviendo, y un anexo clandestino en el que había 23.

La familia de los ancianos pagaban una cuota mensual de $ 20.000. Para ver a sus familiares, los adultos mayores que estaban alojados en el anexo clandestino eran trasladados al establecimiento principal. De esa manera, se ocultaban las condiciones insalubres del anexo.

Tras la clausura, los adultos mayores fueron derivados a prestadores de salud, trasladados a otros residenciales, reintegrados a sus familias o incorporados a programas de cuidados permanentes del Ministerio de Desarrollo Social.
Cinco de las siete personas cuyas muertes se investigan fallecieron después de la intervención, mientras que otras dos habían muerto con anterioridad al cierre.

Según la nueva evidencia, entre los fallecidos hay una mujer de unos 90 años, a la que los médicos le constataron mordeduras de ratas. La mujer, que falleció por una infección generalizada, había ingresado al establecimiento con una fractura de cadera. Cuando sus hijas fueron a verla al día siguiente, la encontraron mojada, deshidratada y pidiendo agua. La mujer les manifestó que las ratas la habían mordido. "Se rascaba desesperadamente todo el cuerpo y gritaba que no la mordieran, que le dolía", relató Lovesio.

Otro caso fue el de una mujer de 98 años que fue hospitalizada confundida, gritando de dolor, y con malas condiciones de higiene. La autopsia reveló lesiones con abundante tejido necrótico y escaras negras por la permanencia prolongada en cama sin cambios de posición. Según los exámenes médicos, no había recibido controles médicos durante el último año.
Otra mujer fallecida, de 81 años, presentó desnutrición, fracturas compatibles con una caída, lesiones por el uso de mecanismos de contención inadecuados y heridas que llegaban hasta el músculo, producto de largos períodos de inmovilidad.

La fiscal también relató que los ancianos permanecían mojados con su propia orina y materia fecal porque nadie los asistía. Además, los residuos humanos eran recogidos en grandes tarrinas que posteriormente se vaciaban hacia la calle.

Pacto

La situación salió a la luz por denuncias de vecinos que escuchaban gritos de auxilio de los ancianos. La Fiscalía constató que esas denuncias se remontaban a mucho tiempo atrás. Incluso, los ocupantes de una vivienda contigua pidieron rescindir su contrato de alquiler porque no soportaban los gritos, pese a haber llamado reiteradamente a la Policía.

Lovesio, asimismo, detalló que la investigación va a continuar con la indagatoria de más empleados del residencial, trabajadores sociales que tuvieron contacto con los ancianos, y al menos un médico que concurría a revisar a los residentes.
Además, señaló que se investigan posibles vínculos con otros médicos y asistentes sociales que habrían derivado residentes al establecimiento.

La Justicia accedió al pedido de la fiscal para que se amplíe la prisión preventiva, ya que hay riesgo de que la propietaria y la encargada amedrenten e influyan sobre los empleados para que no declaren.

Incluso, Lovesio manifestó que había encontrado un "pacto de silencio" entre personas vinculadas con el residencial, lo que está dificultando la investigación.

A raíz de ese pacto, hubo funcionarios que declararon ante la Policía pero al ser citados por Fiscalía, no se presentaron. Entre ellos, está el empleado que retiraba las tarrinas.