Hércules: A petición de familias de víctimas, fiscalía no buscará revertir absoluciones

"No ha sido una decisión fácil", repetirá media docena de veces en esta conversación el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, sobre el futuro de la causa penal por las 38 muertes que dejó la caída de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile a las aguas del paso Drake, durante un vuelo entre Punta Arenas y la Antártica. Tras casi siete años de investigación, un fallo absolutorio para los seis acusados (cinco de ellos de cuasidelito de homicidio) y un pedido casi unánime de las familias de las víctimas, decidió no impugnar el fallo, pese a que la Corte de Apelaciones de la capital de Magallanes ya había admitido a trámite la solicitud para anular el primer juicio oral.
"Esta es una causa muy compleja (...). No ha sido una decisión fácil", insiste el persecutor. Precisa que las familias de 37 de los 38 fallecidos le solicitaron no seguir adelante con el caso.
La primera razón, dice, es que, aunque el tribunal oral absuelve, se pudo "establecer la causa del accidente", no obstante que la causa administrativa de la FACh concluyó que ello no era posible por los escasos restos recuperados desde el mar.
El fallo sostiene que "del análisis de los restos recuperados -que se fijaron como equivalentes al 15% del total de la aeronave- (...) reunidos a otros medios de convicción, resultan idóneos para establecer una determinada dinámica de los hechos en que la hipótesis más plausible es que la tragedia se inició por el desprendimiento de una pala de una de las hélices, la cual desencadenó una secuencia de eventos catastróficos que generó la pérdida absoluta de las condiciones aerodinámicas de la aeronave, ocasionando una violenta caída contra el mar".
Aquello, según el Ministerio Público, es fundamental para las familias de las víctimas, aunque una de ellas ha decidido impugnar el fallo por su cuenta.
Segundo, querían evitar la revictimización que habría significado un segundo juicio, agregó el fiscal, y el Ministerio Público tiene "el deber legal" de "mitigar todos los daños o las complicaciones que el proceso penal mismo les genera a las víctimas".
La decisión ratifica la absolución de los acusados Roberto Avendaño Veloso, Joaquín Urzúa Rentería, Fernando Mondaca Rodríguez, Julio Ojeda Puig y Marcelo Mella Bertetti -acusados de cuasidelito de homicidio por supuestas acciones u omisiones que habrían derivado en la falla del C-130- y Emanuel Carrasco Millaquén, a quien se le atribuía el delito de emitir comunicaciones o señales aeronáuticas falsas. Todos eran funcionarios de la FACh al momento del accidente, en 2019.
Para Crisosto, se trató de un asunto de "criterio judicial", porque "otro tribunal, que hubiese tenido otro criterio u otro estándar judicial, con la misma prueba (...) perfectamente pudo haber establecido también una responsabilidad penal".
-¿Tiene sentido para la fiscalía desistirse tras casi siete años de trabajo, y las horas y recursos invertidos, por ejemplo, en los peritajes internacionales que se encargaron para sustentar la acusación?
"No ha sido una decisión fácil. No obstante, aquí estamos, la fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de dar protección a las víctimas en todas las posibilidades o las situaciones, y acá tenemos que las propias familias de 37 de 38 víctimas, nos pidieron que no continuáramos adelante. Y eso es una obligación legal que no podemos desestimar".
Los abogados querellantes confirmaron que fueron las familias de las víctimas las que le pidieron a la fiscalía desistir de un nuevo juicio.
"Las familias que representamos comprendieron que el Tribunal Oral de Punta Arenas dicta sentencia absolutoria porque el estándar de condena en el proceso penal es muy exigente, se basa en la duda razonable, pero la sentencia penal, aun siendo absolutoria, acepta la dinámica del accidente, que permite sostener tanto falta de servicio, que reafirma la demanda civil ya entablada, porque la tesis más aceptable es la pérdida de una pala en pleno vuelo y eso es aceptar que hubo falta de servicio", sostiene Cristián Arias, quien representa a la mayoría de las familias de las víctimas.
Para Alfredo Morgado, que representa a seis familias, lo fundamental para estas, "independiente de la absolución de los acusados, es el establecimiento de la verdad, de qué es lo que realmente produjo este resultado catastrófico y fatal. Y eso quedó plasmado en la sentencia como la hipótesis más plausible".
En paralelo, el Juzgado de Letras de Punta Arenas tramita las causas civiles en que las familias de las víctimas reclaman indemnizaciones.
El FACh 990   El avión siniestrado fue fabricado en 1978 en EE.UU. En 2014 fue adquirido por la FACh, reacondicionado.