Miércoles, 18 de Noviembre de 2026

Ampliar la invariabilidad

ChileEl Mercurio, Chile 18 de noviembre de 2026

Un aspecto sorpresivo del fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción (actual ley N

Un aspecto sorpresivo del fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción (actual ley N. 21.850) fue la exclusión de la expresión "entre otros" del listado de actividades cuyas inversiones podían ampararse en la invariabilidad tributaria. Así, solo quedaron como beneficiarios de invariabilidad los proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos. Es evidente que en este listado se echan de menos la acuicultura y la agricultura, pero también el comercio y el turismo. Incluso la construcción, que no siempre se traduce propiamente en proyectos de infraestructura. La expresión "entre otros" era una buena manera de no dejar ninguna iniciativa potencial fuera. Ausente esta posibilidad, es indispensable corregir esta enumeración, de modo de ampliar el alcance de esta política que, cabe hacer notar, no fue desechada por el TC.
Además, es muy posible que los cambios tecnológicos que estamos observando, incluida la inteligencia artificial, permitan la generación de actividades económicas que aún no se han vislumbrado como posibles en Chile. En efecto, si previo a la irrupción de la IA había personas que aún pensaban que había alguna posibilidad de predecir el futuro, esa idea ahora se ha esfumado definitivamente. Por esta razón, los cuerpos legales deben ser suficientemente flexibles como para permitir una fácil adaptación a realidades que van a ir evolucionando de maneras insospechadas en los próximos años. Y es que las oportunidades no esperan. De ahí la conveniencia de que la Ley de Reconstrucción pueda incluir, desde ya, un grupo amplio de actividades productivas beneficiarias de la invariabilidad.
El Gobierno está contemplando la idea de incluir esa ampliación en la ley miscelánea que originalmente estaba pensada solo para aprobar el reajuste del sector público y los beneficios que ahí se negocian, junto con ajustes en la Ley de Presupuestos. Puede generar dudas esta decisión, pero debe recordarse que ya en años previos esta norma se ha instalado como un espacio para corregir también algunos aspectos de leyes vigentes. En el último reajuste, por ejemplo, se introdujeron correcciones a la ley de protección de datos personales, a la ley de universidades estatales o a la ley sobre servicios locales de educación pública, y hasta se creó un segundo juzgado de policía local en Calama, entre muchas modificaciones poco relacionadas con su foco central. Situaciones similares se vieron en años anteriores y en algunos casos el alcance fue aún mayor.
Respecto de la invariabilidad, es evidente que no estaba en el espíritu del mensaje presidencial y menos de la mayoría que aprobó la norma acotar el beneficio solo a las actividades que quedaron listadas. Por lo demás, es importante que los incentivos a la inversión no sean percibidos como discriminatorios. Ello puede restarle credibilidad a esta política, pero sobre todo impide aprovechar en plenitud los esfuerzos que se están realizando para promover la inversión, una de las palancas clave para impulsar el crecimiento económico que el país demanda y necesita. En lo que va del año, esta inversión ha estado débil y requiere expandirse de manera relevante para producir el impacto deseado. Para ello son importantes las señales de la autoridad. De ahí que plasmar en la Ley de Reconstrucción el amplio ámbito de aplicación a la que aspiraba la invariabilidad es un paso que debe darse.
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