Jueves, 19 de Noviembre de 2026

Redes sociales: entre la libertad y la responsabilidad

ColombiaEl Tiempo, Colombia 18 de noviembre de 2026

En Colombia, las plataformas digitales suelen ser consideradas intermediarios de contenido: hacen posible que los usuarios compartan información, pero no son automáticamente responsables de cada publicación

En Colombia, las plataformas digitales suelen ser consideradas intermediarios de contenido: hacen posible que los usuarios compartan información, pero no son automáticamente responsables de cada publicación. Esa categoría, no obstante, tampoco equivale a una inmunidad absoluta. La responsabilidad puede discutirse cuando la plataforma interviene activamente en la creación o difusión del contenido, o cuando, ante una situación concreta, omite actuar frente a una vulneración identificada. "La tendencia es hacia un modelo de responsabilidad condicionada, no de inmunidad absoluta", señala Camilo Suárez, socio del área de Propiedad Intelectual de Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Para el experto, la plataforma puede exponerse a mayores cuestionamientos si conoce efectivamente la existencia de contenido ilícito o infractor y no adopta medidas razonables para impedir que permanezca o se siga difundiendo. La frontera entre intermediario y actor editorial no siempre es nítida. Suárez advierte que el riesgo aumenta si la red participa de forma relevante en la creación, selección, promoción o control del contenido, por ejemplo, al influir de manera determinante en su difusión. La jurisprudencia colombiana no ha adoptado formalmente la categoría de "editor" en los mismos términos que otros países. Pero sí ha examinado el poder de las plataformas para moderar publicaciones, suspender cuentas y aplicar sus normas comunitarias. Anna Catalina Pérez, asociada de Holland & Knight, destaca que la Sentencia T-256 de 2025 reconoció la legitimidad de moderar contenidos, siempre que las decisiones estén justificadas y sean compatibles con los derechos fundamentales. En ese caso, la Corte concluyó que la cancelación de contenidos y de una cuenta vulneró derechos como la libertad de expresión y el debido proceso, por falta de justificación adecuada. Herramientas disponibles No existe una ley colombiana específica que regule de forma integral la desinformación en redes sociales ni que establezca un régimen general de responsabilidad para las plataformas. Aun así, los expertos destacan algunos mecanismos que pueden activarse según el contenido, su propósito y el daño ocasionado: - Acción de tutela, cuando estén comprometidos derechos fundamentales como el buen nombre, la honra o la intimidad. Puede solicitarse el retiro de publicaciones, una rectificación u otras medidas, pero el juez debe estudiar cada caso y ponderar los derechos en tensión. - Acciones penales por injuria o calumnia, previstas en los artículos 220 y 221 del Código Penal, que pueden dirigirse contra los autores de las publicaciones cuando se configuren esos delitos. - Acciones civiles de responsabilidad, si se busca una reparación por daños a la reputación comercial. Su éxito exige probar el perjuicio y el nexo causal entre la publicación y el daño. - Acciones de competencia desleal, cuando exista una finalidad concurrencial, y solicitudes de retiro o bloqueo dirigidas a la plataforma. - Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando el caso involucre, entre otros asuntos, el tratamiento de datos personales o la protección al consumidor. El socio del área de Propiedad Intelectual de Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría subraya que la estrategia debe ajustarse al origen y la finalidad del contenido, así como a la naturaleza del perjuicio. Por su parte, la asociada de Holland & Knight, añade que las acciones civiles pueden enfrentar dificultades cuando las publicaciones son anónimas o se viralizan con rapidez. En esos casos, acreditar pérdidas económicas concretas puede ser complejo. También hay obstáculos prácticos para exigir el cumplimiento de órdenes judiciales: algunas plataformas han cuestionado si sus filiales en Colombia tienen competencia sobre la red social o el manejo de sus datos. La falta de representación clara en el país puede dificultar la respuesta a los requerimientos. La ponderación

como regla La libertad de expresión goza de protección reforzada, en particular cuando se trata de asuntos de interés público. Pero no es absoluta: puede entrar en conflicto con la honra, el buen nombre, la intimidad y otros derechos. La Corte Constitucional ha indicado que esa tensión debe analizarse caso por caso y que la respuesta judicial debe ser proporcional. En la Sentencia T-155 de 2019, estableció que el juez debe considerar quién comunica, sobre qué o quién, a quién, cómo y por qué medio. Según Pérez, la orientación es escoger el remedio menos restrictivo posible para la libertad de expresión, sin dejar desprotegidas a las personas afectadas. Para las empresas, esto significa que una publicación perjudicial no conduce automáticamente a su retiro. Importan, entre otros factores, el contexto, el alcance, la veracidad de lo afirmado y la gravedad del daño. En ataques digitales masivos, la rapidez de la difusión puede agravar el perjuicio, pero no elimina la necesidad de justificar cualquier restricción. Hacia reglas

más previsibles La discusión regulatoria apunta a cómo ofrecer mayor certeza sin imponer a las plataformas un deber de vigilar de manera general y continua todo lo que publican sus usuarios. Pérez plantea la posibilidad de un régimen de puerto seguro (safe harbor), con procedimientos claros de notificación y retiro, plazos definidos y criterios sobre las medidas que deben adoptar las plataformas ante contenidos potencialmente ilícitos. Un marco así podría reducir la incertidumbre para usuarios, empresas y proveedores digitales, siempre que preserve garantías para quienes publican y contemple mecanismos para controvertir decisiones de moderación. Mientras no exista una regulación general, la respuesta seguirá dependiendo en buena medida de la jurisprudencia y de la evaluación particular de cada caso.
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