Jueves, 19 de Noviembre de 2026

Se emborrachó la policía

ColombiaEl Tiempo, Colombia 18 de noviembre de 2026

Gustavo Andrés Piedrahita
Hace unas semanas ocurrió un hecho que apenas generó un par de comentarios en redes, en algún diario y en uno que otro programa radial mañanero

Gustavo Andrés Piedrahita
Hace unas semanas ocurrió un hecho que apenas generó un par de comentarios en redes, en algún diario y en uno que otro programa radial mañanero. En una audiencia ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Anserma (Caldas), una fiscal intervino en un presunto pero evidente estado de alicoramiento. Durante varios minutos, la letrada intentó, con poca suerte, hilar algunas palabras para sustentar el recurso de la Fiscalía sobre una medida de aseguramiento, frente a la procesada, el representante del Ministerio Público y la jueza, quien finalmente la interrumpió. Más allá de lo anecdótico, el hecho merece un análisis crítico. El problema no es que una funcionaria haya comparecido aparentemente embriagada a una audiencia; es lo que ese episodio representa para una administración de justicia que ya enfrenta enormes desafíos de legitimidad, credibilidad y confianza ciudadana. Quienes ejercemos el derecho sabemos que una audiencia no es una simple reunión de abogados y funcionarios. Allí se discuten derechos, se toman decisiones que pueden afectar la libertad de las personas y se materializan las garantías esenciales de un Estado de derecho. Por eso, el comportamiento de quienes intervienen no puede reducirse a una cuestión de etiqueta: es, ante todo, un asunto de responsabilidad institucional. No se trata de desconocer que los servidores públicos son seres humanos que pueden equivocarse o atravesar situaciones difíciles; de hecho, quien escribe ha defendido a los operadores judiciales que publican videos bailando en sus redes. Tampoco de promover linchamientos públicos. Se trata de entender que ciertos cargos exigen unos mínimos de compromiso con la tarea encomendada. Una fiscal en audiencia no habla a título personal: representa a una institución, ejerce una función constitucional y actúa en nombre de la sociedad. De ahí que deban esclarecerse los hechos y, si hay lugar a ello, adoptarse las medidas correspondientes. Pero hay algo más preocupante: la naturalización de estos episodios. Nos hemos acostumbrado tanto a las noticias que cuestionan a nuestras instituciones que corremos el riesgo de convertir lo inaceptable en cotidiano. Y entonces el problema deja de ser individual para volverse institucional. Desde esta tribuna siempre hemos promovido la independencia y la eficiencia de la justicia, pero la confianza en ella no se construye solo con reformas legales o discursos de modernización: también en cada audiencia y en cada actuación de quienes tienen el deber de administrarla. Lo ocurrido en Caldas debería dejarnos una pregunta incómoda: si quienes deben perseguir los delitos y defender la legalidad no están en condiciones de cumplir su función, ¿con qué autoridad podemos exigirles a los ciudadanos que respeten la ley? En un país donde tantas veces se reclama que la justicia no funciona, no podemos permitir que quienes están llamados a hacerla funcionar protagonicen episodios como este. La justicia no puede darse el lujo de perder la sobriedad, ni siquiera por un instante.
Director Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de

Comercio de Bogotá.
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