Sábado, 21 de Noviembre de 2026

Acusación a ministro Rabat

ChileEl Mercurio, Chile 20 de noviembre de 2026

Luego de muchos días de postergación y largas tratativas para armar un equipo legal, la oposición presentó su acusación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat

Luego de muchos días de postergación y largas tratativas para armar un equipo legal, la oposición presentó su acusación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El escrito marca un nuevo récord en el Congreso, al intentar configurar una grave causal de destitución ministerial mediante fundamentos jurídicos casi únicamente internacionales, que por su naturaleza son programáticos, genéricos y poco aptos para la imputación que se pretende.
En efecto, de los tres capítulos de la acusación, los dos más importantes se construyen primordialmente sobre dos tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, y el tratado de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma de 1998). Si bien se apoyan en leyes nacionales complementarias, los cuerpos legales nacionales más bien ayudan que perjudican al ministro, y solo servirían a los acusadores si se aceptara que hay una vulneración a los tratados.
Así, en el primer capítulo, se le imputa a Rabat haber infringido el art. 17 de la Ley 19.856, sobre rebajas de condenas y reinserción, que sabemos excluye a condenados por delitos sexuales a menores. También se le reprocha vulnerar la ley sobre Garantías de la Niñez (21.430). Pero ninguna de estas leyes contiene un precepto preciso que impidiera a Rabat firmar los decretos de rebaja en los casos que la Comisión Evaluadora competente recomendó precisamente rebajar. Por el contrario, el artículo transitorio de la Ley 19.856 es confuso en cuanto a su vigencia y el art. 74 del reglamento respectivo impide expresamente al Ministerio rechazar las rebajas cuando la Comisión las solicita, salvo que se trate de los delitos del art. 17.
Como es de conocimiento público, la Corte Suprema ha sido vacilante en cuanto al sensible asunto que constituye el núcleo de la acusación. En su jurisprudencia ha acogido recursos de amparo de condenados por hechos anteriores a la Ley 21.421, de 2022, que excluye delitos contra menores. La vigencia inmediata de esta ley no resolvió con la suficiente precisión el asunto de los condenados con anterioridad por los funestos delitos, o si lo hizo, la Corte Suprema no lo ha estimado siempre así. El número de casos en uno y otro sentido no es relevante, pero prueba irrefutablemente que se trata de una materia opinable, hasta para el máximo tribunal de justicia.
¿Es plausible entonces la infracción a la Constitución y la ley por parte del secretario de Justicia? No lo es, salvo que se atribuya a los tratados internacionales que invoca el libelo una fuerza jurídica y precisión de la que carecen. Bajo esa mirada que proponen los acusadores, Rabat debió vincularse por esos preceptos genéricos y rechazar cualquier decisión que le pareciera contrariarlos, aun sacrificando la ley chilena vigente. Pero tal cosa no es posible de aceptar.
En consecuencia, la acusación al ministro sugiere únicamente desacierto o imprudencia política, pero no vulneración a las leyes. El libelo solo tendría sentido si se aceptara que la Convención de los Derechos del Niño, con su deber de las autoridades estatales de interpretar las leyes "de la forma más favorable a la vigencia del interés superior del niño", o el Tratado de la Corte Penal Internacional y sus delitos de lesa humanidad, son preceptos jerárquicamente superiores a la Constitución y a la ley nacional, aptos incluso para derogarla.
Y esta forma de entender los tratados no goza de respaldo en Chile. Si bien la Constitución alude a los tratados como depositarios de derechos humanos que limitan la soberanía, no son jerárquicamente superiores a la Carta Fundamental. De hecho, el Tribunal Constitucional ha fallado en diversas oportunidades que los tratados tienen una jerarquía inferior a la Constitución (2022, 2013, 2014). A la luz de aquello, esta acusación no solo no encuentra sustento en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se basa en una argumentación que en definitiva lo termina contradiciendo.
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