Cambio a aportes a salud, Sena e Icbf encarecería la nómina
Los cambios propuestos en la exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF podrían elevar la carga prestacional de las empresas del 51% al 62%, encareciendo la contratación formal y reduciendo el margen para generar nuevos empleos, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
Los cambios propuestos en la exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF podrían elevar la carga prestacional de las empresas del 51% al 62%, encareciendo la contratación formal y reduciendo el margen para generar nuevos empleos, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Así lo advierte un análisis de Goan Group sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico, que cuestiona el alcance de los beneficios tributarios frente a los mayores costos laborales. El estudio señala que la modificación de las exoneraciones tendría un impacto amplio sobre el tejido empresarial, debido a que más del 95% de la población contratada formalmente devenga menos de diez salarios mínimos, según cifras del Dane. Este es el rango de trabajadores que está cobijado por el beneficio para determinados empleadores y sobre el cual recaerían los cambios planteados. La preocupación empresarial se concentra en que el mayor costo de mantener trabajadores en nómina tendría que ser asumido por los empleadores, sin que exista una obligación de trasladar ese incremento a los salarios. En consecuencia, las compañías tendrían que destinar más recursos a sus obligaciones laborales, en un contexto en el que muchas mipymes todavía enfrentan márgenes estrechos y dificultades para recuperar su capacidad financiera. El proyecto de Ley de Rescate Económico contempla modificar el esquema de exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF que actualmente beneficia a determinados empleadores por trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. La propuesta establece que la exoneración total quedaría limitada a quienes ganen hasta dos mínimos y que para ingresos entre dos y tres mínimos habría aportes parciales. Por encima de los tres mínimos desaparecería el beneficio, lo que ampliaría el número de trabajadores por los cuales los empleadores tendrían que asumir estos pagos. Según el ejercicio numérico de Goan Group, el cambio elevaría la carga prestacional del 51% al 62%, diferencia que representa mayores compromisos financieros para empresas que mantienen personal contratado formalmente. El análisis advierte que este incremento no necesariamente se traduciría en una mejora de los ingresos de los trabajadores. Si una persona recibe un salario de $4 millones, por ejemplo, su empleador tendría que pagar más por mantenerla en nómina, pero no estaría obligado a aumentarle la remuneración para compensar ese mayor costo. "El margen que antes existía para aumentos, nuevas contrataciones o inversión, sencillamente se evapora", plantea el pronunciamiento empresarial. La preocupación es que una parte de los recursos que las empresas podrían utilizar para ampliar sus operaciones, mejorar las condiciones salariales o incorporar nuevos trabajadores termine destinada a cubrir las obligaciones adicionales derivadas del cambio. El efecto sería significativo para las pequeñas empresas, en las que cada nueva contratación representa un compromiso importante sobre el flujo de caja. A diferencia de las compañías con mayor capacidad financiera, una pyme que apenas consigue equilibrar sus cuentas tiene menos espacio para absorber incrementos en sus costos laborales sin modificar sus decisiones de operación. Uno de los principales riesgos que identifica Goan Group es que el encarecimiento de la contratación termine desincentivando la formalización laboral. Si vincular a una persona implica asumir mayores obligaciones económicas, algunas empresas podrían aplazar nuevas contrataciones, reducir sus planes de expansión o buscar alternativas para disminuir sus costos de operación. El documento dice que esta situación podría trasladar parte de la actividad hacia la informalidad. La preocupación radica en que, mientras se les exige a las empresas generar empleo formal, las condiciones para hacerlo serían más costosas. Esto tendría implicaciones sobre la capacidad de las mipymes para ampliar sus equipos de trabajo y sostener sus operaciones.