Suspenden el decreto que afectaba las rentas vitalicias
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro, que modificó el cálculo del deslizamiento del salario mínimo y cambió la distribución de los costos asociados al pago de algunas pensiones en Colombia
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro, que modificó el cálculo del deslizamiento del salario mínimo y cambió la distribución de los costos asociados al pago de algunas pensiones en Colombia. La decisión del alto tribunal restablece temporalmente las reglas que estaban vigentes desde 2015, mientras se resuelve la demanda que cuestiona la legalidad de la disposición. La determinación se produjo al resolver los recursos presentados por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y ASULADO Seguros de Vida S.A., que controvirtieron las decisiones judiciales que inicialmente habían negado la suspensión de la norma. El pronunciamiento, contenido en un auto interlocutorio del 12 de noviembre de 2026, abordó los cuestionamientos sobre los efectos financieros y actuariales del cambio reglamentario. El fundamento que permitió decretar la medida cautelar estuvo relacionado con un posible vicio en el procedimiento de expedición: la falta de consulta previa a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué cambió el decreto? La controversia gira alrededor del denominado deslizamiento del salario mínimo, una variable que aparece cuando el incremento anual del salario mínimo legal supera la variación de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta diferencia tiene consecuencias sobre las pensiones mínimas, cuyas mesadas deben incrementarse al mismo ritmo que el salario básico. El asunto es relevante en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), particularmente para quienes buscan pensionarse mediante una renta vitalicia. En esta modalidad, el afiliado transfiere el capital acumulado a una compañía aseguradora, que asume la obligación de pagarle una mesada durante toda su vida. El cálculo debe contemplar los incrementos futuros del salario mínimo. Con el Decreto 036 de 2015, el Gobierno había establecido que el parámetro técnico para calcular ese deslizamiento correspondía al promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años, cercano al 0,39%. Bajo esa metodología, el Estado asumía la mayor parte del riesgo financiero asociado a los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación.