Viernes, 20 de Noviembre de 2026

Hizo de la habitación su casa: el testimonio de la psiquiatra sobre Hernández en el juicio a Charles Carrera

UruguayEl País, Uruguay 20 de noviembre de 2026

En la tercera audiencia también declararon exjerarcas del Hospital Policial sobre su estadía, un costo estimado de $ 5 millones por la internación y se hizo referencia a un ingreso de Eduardo Bonomi.

Al año de haber ingresado al Hospital Policial, Víctor Hernández no mostraba ansiedad ni angustia y, según la psiquiatra que lo evaluó en su cuarto, era un "paciente que había hecho de la habitación su casa". Así lo declaró este jueves la especialista del centro desde 2008, durante la tercera audiencia del juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera.

La causa en la que la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno acusa a Carrera por fraude y utilización indebida de información privilegiada y pide cuatro años de penitenciaría continuó ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante, con una jornada que incluyó momentos de tensión entre los defensores de Carrera, los testigos y el equipo fiscal.

La psiquiatra relató que concurrió a la habitación de Hernández a pedido de un médico internista y encontró un espacio sin características hospitalarias, "más cercano al confort de quien habita un lugar desde hace tiempo". Detrás de las camas había una bandera de Danubio, además de canastas con frutas y equipos de audio a lo que la exsubdirectora técnica Dahiana Farto agregó que también tenía plantas. Según declaró, al momento de la consulta consideró que no parecía adecuada su permanencia en el hospital porque "obturaba su desarrollo psicosocial".

Si bien reconoció que darle el alta resultaba complejo por la rehabilitación que transitaba, sostuvo que las internaciones prolongadas "no son frecuentes en un hospital de agudos" y admitió que los médicos de piso querían avanzar hacia el egreso. Aclaró que los profesionales desconocían si los pacientes eran usuarios o no al atenderlos, ya que tampoco existía la historia clínica electrónica.

Antes del inicio de los testimonios, en sala se leyeron las sentencias de primera, segunda y tercera instancia del juicio civil que Hernández y su familia perdieron contra el y, en las que la Justicia descartó la responsabilidad estatal por el disparo ocurrido en La Paloma en 2012, pero calificó la asistencia brindada luego por la cartera como "irregular" y "claramente indebida".

Más de $ 5 millones y cruces en el contraexamen

Otro de los testimonios centrales fue el de Dahiana Farto, quien ingresó al Hospital Policial en 2003, fue directora de Enfermería en 2013 y luego se desempeñó como subdirectora técnica del centro y subdirectora nacional técnica de Sanidad Policial. Citada por un informe del 6 de mayo de 2022 que elaboró junto a Julio Rappa, detalló que Hernández acumuló 1.252 días de internación por un costo estimado de poco más de $ 5 millones, entre cirugías oftalmológicas, estudios, interconsultas médicas, fármacos y compras como una férula y un almohadón neumático.

Farto señaló que Hernández no tenía derechos asistenciales y que ingresó trasladado desde el Hospital de Clínicas para realizar rehabilitación en fisiatría dos veces por día. Según contó, los médicos internistas llegaron a plantear a la dirección que no tenía lógica controlarlo a diario porque no cursaba una patología aguda. También precisó que la última autorización especial figuraba hasta el 20 de marzo de 2016.

Otro de los puntos que se consultó a más de un testigo fue el hecho de que Hernández recibiera el alta en enero de 2017 a la distancia. Tanto Farto como luego Rappa (que también compareció como testigo) lo describieron como algo "poco habitual".
Consultada sobre las autorizaciones especiales, Farto explicó que se otorgan por la Dirección Nacional a funcionarios policiales por ejemplo del interior atendidos por FEMI que necesitan prestaciones fuera del PIAS o a familiares con vínculo directo, y diferenció ese régimen de los convenios o ventas de servicios con instituciones como BPS, BSE o mutualistas.

Durante el contraexamen de Juan Manuel González Rossi y Eduardo Decia, que defienden a Carrera junto con Lucía Fernández (que en ese momento no se encontraba en la sala) se dieron algunos tramos de tensión. La defensa indagó en las salidas de Hernández del hospital, episodios de "conductas impropias" de los Hernández o sobre otros civiles atendidos en el Hospital Policial.

Farto recordó que el exministro Eduardo Bonomi fue asistido en una oportunidad, cuando lo llevaron descompensado. Fue consultada por los defensores sobre una intervención que se realizó su hermano (socio de una mutualista privada) en el Hospital Policial. Ella defendió que se trató de una intervención realizada mediante un convenio denominado "venta de servicios". Ante la insistencia de los defensores sobre la compra de servicios por parte de esa mutualista, el juez frenó el interrogatorio: "Estoy pensando por el testigo también, ya le dijo lo que tiene para decir", advirtió Asteggiante. Ante esto, Decia replicó: "nosotros también pensamos en nuestro cliente, que lleva cinco años atravesando el proceso".

Otros exjerarcas y la pericia informática

Luego declaró Julio Rappa, médico cirujano con trayectoria en el Hospital Policial desde 1991 y exdirector técnico del centro y exdirector nacional de Sanidad Policial. Al explicar el financiamiento del sistema, indicó que a los policías se les descuenta el 4% de su sueldo y que destinar recursos a personas sin derecho asistencial desbalancea la gestión, aunque reconoció que existen "situaciones interpretativas".

Ante preguntas de la defensa, recordó que durante su gestión recibió pedidos de informes por la atención sin derechos asistenciales de Bonomi, su esposa y otras personas, entre ellas el exdirector general de Secretaría Luis Calabria, y señaló que no recuerda otra denuncia penal promovida por el Ministerio del Interior por uso indebido del hospital. Cuando le consultaron si el ingreso de Hernández le pareció arbitrario, respondió que sería "un atrevido" si emitiera opinión porque no estaba allí.

El primer testigo de la audiencia había sido un suboficial mayor, del Laboratorio de Análisis Informático de la Policía, quien explicó que a pedido de Asuntos Internos en una investigación caratulada por "abuso de funciones" verificó mediante hasheo la trazabilidad e integridad de un archivo digital contenido en un pendrive, sin conocer su contenido. El hasheo es un procedimiento informático que genera una especie de huella digital para un archivo, de modo que cualquier modificación altera esa secuencia y permite comprobar si fue manipulado.
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