Domingo, 22 de Noviembre de 2026

La silenciosa agenda del Ministerio del Trabajo

ChileEl Mercurio, Chile 22 de noviembre de 2026

Cada mes que pasa, la brecha se agranda: en marzo faltaban 270 mil empleos para volver a la ocupación previa a la pandemia; hoy faltan casi 470 mil

Cada mes que pasa, la brecha se agranda: en marzo faltaban 270 mil empleos para volver a la ocupación previa a la pandemia; hoy faltan casi 470 mil. Y el problema no se resolverá solo con crecimiento, porque la economía chilena genera cada vez menos empleo por cada punto que crece. Mientras el debate público se concentra en subsidios y anuncios de corto plazo, el Ministerio del Trabajo ha venido empujando, sin mucho ruido, una agenda que apunta precisamente a ese problema de fondo.
Las autoridades del ministerio asumieron en un momento extremadamente complejo: una tasa de desempleo que ya acumulaba 40 meses por sobre el 8% y una tasa de ocupación que aún no recuperaba los niveles previos a la pandemia y a los hechos de violencia de octubre de 2019. Desde entonces, la situación no ha mejorado; incluso ha empeorado. Ya suman 45 meses de desempleo históricamente alto, seis de ellos con tasas sobre el 9%, y la brecha de ocupación respecto de los niveles prepandemia casi se ha duplicado.
Estos resultados se explican, al menos en parte, por la creciente complejidad y el mayor costo de contratar trabajadores. En los últimos cuatro años, el salario mínimo aumentó más de un 20% en términos reales; la reducción de la jornada de 45 a 40 horas implica, a igual salario, un alza de más de un 10% en el costo de contratación, y a ello se suman los seis puntos porcentuales adicionales que debe pagar el empleador por la reforma previsional aprobada hace ya más de un año. Además, hay que mirar con atención las señales que llegan desde los tribunales: entre 2021 y 2025, las causas por despido injustificado ingresadas a los juzgados laborales se triplicaron con creces. Aunque la mayoría no termina en sentencia, sí imponen un costo adicional a los ya establecidos en la ley: la indemnización por años de servicio y el seguro de cesantía. En consecuencia, en estos años no solo ha aumentado por la vía legal el costo de contratar, sino también el de despedir, que además se ha vuelto menos predecible producto de una mayor litigiosidad. Y aunque muchos se resisten a ver la evidencia, ambos costos se traducen en lo mismo: menos contratación.
Buena parte del debate se ha centrado en cómo el Gobierno puede dinamizar el mercado laboral: medidas permanentes, como impulsar la economía; complementarias, como una ejecución ágil y oportuna de la inversión pública, y transitorias, como mayores subsidios a la contratación. ¿Será suficiente?
Desde hace algunos años se observa lo que probablemente sea un cambio estructural en nuestra economía: la creación de empleo en relación con el crecimiento se ha venido reduciendo. Es decir, para generar la misma cantidad de empleo hoy se requiere crecer más.
Cuando las causas son más bien estructurales, las respuestas también deben serlo. Y en ese plano, con menos aspavientos, el Ministerio del Trabajo está empujando una agenda que, a mi juicio, no ha concitado suficiente atención pública. Desde 2008 se discuten reformas para garantizar el acceso universal a sala cuna para las madres trabajadoras. Tras ocho años de tramitación legislativa, finalmente se logró una propuesta que deja conforme a un espectro político más amplio, lo que viabilizaría su aprobación. Esta semana superó su primera valla: la Cámara de Diputados la aprobó con 132 votos a favor.
En cuanto a la reducción de la jornada a 40 horas, cuya última etapa corresponderá implementar a este gobierno, se han impulsado cambios que amortiguan el efecto nocivo de una legislación rígida sobre el mercado laboral. Se trata de reformas legales que permiten a las empresas adaptarse mejor, al ampliar de cuatro a 16 semanas el período en que se promedia la jornada máxima.
Asimismo, el ministerio ha avanzado en la regulación de los contratos por hora, lo que permite, al menos en parte, enfrentar el alto desempleo juvenil: un segmento con menos experiencia y que requiere mayor flexibilidad para compatibilizar el trabajo con los estudios.
Estas iniciativas legales se suman a revisiones reglamentarias que la Dirección del Trabajo ha implementado o está implementando. Algunas recogen la experiencia de años anteriores y adecuan normas a una realidad que no resultó ser la que se anticipaba cuando se dictaron; otras corrigen disposiciones que, a la luz de los resultados, rigidizaban y desincentivaban aún más la contratación.
Estos pasos, por sí solos, no bastan para reactivar el mercado laboral. Sin duda, el principal motor es el crecimiento económico. Pero ese crecimiento puede traducirse en más o menos empleo según las condiciones de contratación que lo rijan: rigideces y litigios que, por cierto, no pesan sobre la automatización ni sobre la inteligencia artificial. Por eso, en materia de regulación laboral el desafío es doble: no basta con crecer; se requiere, además, generar las condiciones para que ese crecimiento venga de la mano de más empleo.
Cuando las causas son más bien estructurales, las respuestas también deben serlo. Con menos aspaviento, el Ministerio del Trabajo está empujando una agenda que, a mi juicio, no ha concitado suficiente atención pública".
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