La mejor inversión en tiempos de crisis

Kiara Esquivel García
Expongo, en calidad de estudiante, la preocupación que sentimos desde que nos enteramos de que la nueva reforma fiscal gravaría nuestro derecho a la educación.
Nuestro país posee un sistema mixto de educación conformado por 64 universidades. Cinco de ellas son públicas, 54 son privadas y 5 de ellas son internacionales. Gracias a este sistema, contamos con una oferta académica de 1.302 programas, de los cuales 549 son aportados por las instituciones de educación superior privada.
Los estudiantes que no representan un gasto para el Estado, contribuyen con el financiamiento del gasto de la educación pública a través del pago de sus impuestos sobre la renta.
El artículo 80 de la Constitución indica que el Estado debe estimular la educación privada y con este tipo de iniciativas no lo estaría logrando.
El acceso a la educación superior dejó de ser un bien de consumo exclusivamente disfrutado por los estratos de mayor ingreso de la sociedad costarricense y se ha transformado en un factor que juega un papel fundamental en el crecimiento económico de Costa Rica y en las oportunidades futuras de una persona.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2016, los tres quintiles más bajos han mostrado un tendencia alcista en cuanto al acceso a la educación superior, en un donde un 28% tiene participación en las universidades públicas y un 17% en las privadas. Por lo tanto, invitamos a las autoridades a llevar a cabo medidas en pro del acceso y la equidad de beneficios.
Considerando que los estudiantes son consumidores capaces de elegir acorde con sus intereses y los de la economía, merecen que el Estado cumpla con incentivarlos a acceder a la educación sin importar el sector en el que elijan educarse.
Tomando en cuenta la actual situación macroeconómica y social del país, con un desempleo que ronda el 10%, una economía desacelerada, un 18,8 % de hogares en condición de pobreza multidimensional y la desigualdad aumentando desde mediados de la década de 1990 a niveles altos, la mejor decisión que podemos tomar como nación se encuentra en la educación.
Es mediante el derecho a la educación que se capacita a una persona para que logre una subsistencia digna y mejore su calidad de vida.
Es un bien estratégico para la creación de oportunidades y competitividades futuras, y el mejor instrumento para el desarrollo de nuestro pueblo. Al invertir en el capital humano ayudaríamos a reducir algunos de los problemas que representan una restricción al desarrollo; por ejemplo, el exceso de personas no calificadas disponibles en el mercado y los obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres costarricenses en el mundo laboral.
Considerando que la tasa de desempleo femenino en nuestro país ronda el 12 %, superando la masculina por aproximadamente cinco puntos porcentuales, y que la participación femenina en la universidades privadas es del 56 %, inclusive mayor pero no menos relevante que el 53 % en instituciones públicas, me gustaría comprender cómo es que la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa contribuiría con la equidad laboral.
Esto en un momento en el que la educación es un factor clave para el desarrollo socioeconómico, en el cual se ha demostrado que para ser parte del mercado laboral debemos tener cierta preparación porque cada día más personas quedan excluidas de este debido a la falta de los conocimientos que se requieren.
Debido a lo anterior, una gran parte de la población entra incluso en los estados más críticos de pobreza u optan por la informalidad.
Es mediante la educación que Costa Rica puede intensificar la tarea de promoción internacional y para ello ocupa de un sistema tributario atractivo y eficiente, que colabore con la productividad y el desarrollo, es por ello que la mejor decisión en tiempo de crisis es la educación.