Informes de la FANB revelan estrategias para enfrentar una intervención extranjera

La cúpula militar y política aumentará la represión contra adversarios nacionales y extranjeros en el caso de que se produzca una intervención extranjera. Los organismos de seguridad no solo vigilarán a dirigentes de la oposición, sino que detendrán a los ciudadanos que apoyen a “los invasores” y arrestarán a nacidos en las naciones que participen en el eventual conflicto para confinarlos en “campos de concentración”.

El procedimiento sería ejecutado por una especie de policía administrativa y penal, que asumiría las funciones y atribuciones de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías regionales y municipales y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, según documentos confidenciales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La Guardia Nacional Bolivariana pasaría a ser el “brazo penal y de investigaciones” de la FANB, conforme al artículo 329 de la Constitución, que le asigna esta función a la institución.

Los datos mencionados están contemplados en dos informes enviados por la Comandancia General de la GNB a la Dirección de Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno, para su posterior remisión a los 23 comandos regionales de la Guardia Nacional, al Comando Zonal 81 en la faja petrolífera y demás unidades.

El soporte legal para que la Fuerza Armada se abrogue los atribuciones del Ministerio Público y de las policías estarían, de acuerdo con el texto, en la Constitución (artículo 329); Ley Plan de la Patria 2013-2019; Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “El Estado es el responsable directo del mantenimiento del orden interno; la FANB, a través de la GNB, conduce y ejecuta las operaciones direccionadas por el Ceofanb, y luego en las situaciones en que lo considere necesario solicitará cooperación de los otros cuerpos militares”, sostienen los militares.

Desde el punto de vista legal, el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público es atribución de los órganos de seguridad ciudadana (artículo 332 de la Constitución), a través de la Policía Nacional y bajo la rectoría del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana).

Solo cuando el conflicto sobrepase a las policías, el presidente de la República pedirá que intervenga la FANB. Bajo la tesis de un Estado de conmoción nacional, el Ceofanb tomará el control de los órganos de seguridad ciudadana: PNB, Cicpc, cuerpos de bomberos y Protección Civil, en conjunto con las autoridades de los estados y municipio.

“El ejercicio de estos roles de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal por parte de la GNB, estipulado en la Carta Magna y la Lofanb, la convierten en el brazo armado por antonomasia de la administración pública, para velar por el cumplimiento fiel de las normas, vigilar su acatamiento, participar activamente en actividades que coadyuvan al normal desenvolvimiento de los entes públicos del Estado en la consecución de sus fines, participar activamente en acciones de tipo policial para el fortalecimiento de la paz y seguridad ciudadana, el orden público, el resguardo y cuido del ambiente, el eco-socialismo y la investigación de los delitos que las leyes especiales le atribuyan, siendo un eslabón importante en la administración de justicia y en el mantenimiento del orden interno”, se alega en el material presentado a las autoridades militares.

En el radiograma, con fecha 12 de septiembre, se exige en “estricto cumplimiento” de los planes previstos en el escenario de que ocurra una medida internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El primer documento, de 5 páginas, consiste en un resumen de las palabras del comandante del Ceofanb, general Remigio Ceballos, dirigidas a toda la estructura castrense, elaborado por el comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Richard López.

Ceballos llama a los militares a prepararse para lo que califica de “guerra invisible de amplio espectro, dirigida por enemigos de la patria, que afecta el estado de bienestar” en Venezuela. Entre los “enemigos externos” menciona a Estados Unidos por la extensión de la Orden Ejecutiva No 13692, firmada por el ex presidente Barack Obama, y las declaraciones de Donald Trump según las cuales no descartaban una acción militar, y a la OTAN.

En esa reunión, efectuada a puerta cerrada en Fuerte Tiuna, el jefe del Ceofanb ordenó fortalecer la “conciencia patriótica revolucionaria de nuestro pueblo”, inmiscuirse en los “consejos productivos de los trabajadores” e incluir a las comunidades o comunas al sistema de defensa territorial para hacer labores de inteligencia y contrainteligencia, como una forma de contrarrestar al virtual enemigo, pues dudan de que la Fuerza Armada, por si sola, pueda hacerle frente.

Ceballos admite el déficit de soldados y teme por la desunión de las filas castrenses ante un conflicto bélico. “Hay que hacer una selección rigurosa y atender los cargos críticos”, exigió. Por esta razón, el gobierno de Maduro y la FANB confían la defensa del gobierno a dos grupos: la Milicia Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.

El Ceofanb demandó aumentar el número de milicianos a un millón de personas y preparar una élite de militares como miembros de las FAES. De hecho, esa cantidad de milicianos saldría del registro del Partido Socialista Unido de Venezuela, como acordaron Ceballos y el coordinador electoral del partido, Francisco Ameliach, cuando se reunieron el 30 de octubre en Fuerte Tiuna. La figura del plan sería Alianzas Estratégicas Patrióticas, afirmaron fuentes.



Control y manejo. En el segundo informe, de 145 páginas y denominado Manual de Empleo de la FANB en la Conducción de Operaciones Requeridas para el Mantenimiento del Orden Interno, se establecen las normas de lo que llaman “control y manejo de extranjeros y beligerantes”, para lo cual estipulan la creación de sitios de reclusión o “campos de concentración” de ciudadanos nativos de los Estados que propicien o apoyen la injerencia en Venezuela.

En el documento, el Alto Mando expone qué harán con los “extranjeros beligerantes” y “no beligerantes”, y es allí cuando se habla de “campos de concentración”. Entre los planes mencionan:

Elaborar el censo antes de presentarse el conflicto.

Aplicar medidas tendientes a prohibir la circulación, traslado y cambio de domicilio en las zonas marginales fronterizas.

Coordinar las medidas y trámites administrativos para la evacuación y deportación de los ilegales antes del conflicto.

Localización, captura y reclusión de los extranjeros beligerantes.

Vigilancia, seguridad y control de los sitios de reclusión.

Velar por el cumplimiento de las medidas tendientes a prohibir reuniones y el ejercicio de algunas profesiones, a los extranjeros beligerantes o simpatizantes, hasta su internamiento.

Asignar tarjeta de identificación a cada extranjero,

En cuanto al trato a “los extranjeros no beligerantes”, la FANB propone:

Permitir su residencia fuera de las Zonas de Influencia, Resistencia y Desgaste Estratégicas.

Facilitar la salida del país a todo extranjero que así lo manifieste, excepto los originarios de la nación beligerante.

Cooperar con el control y manejo de prisioneros de guerra.

Traslados desde los puntos de reunión de prisioneros de guerra a los depósitos de prisioneros de guerra, manejo de estos y su traslado hasta los campos de concentración en la base de apoyo estratégica.

Toda estas “tareas” recaen en la Guardia Nacional, de acuerdo con los documentos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.