Domingo, 17 de Febrero de 2019

Más autonomía y más responsabilidad

ChileEl Mercurio, Chile 16 de febrero de 2019

Uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo nacional es asegurar que los equipos directivos y docentes de los planteles escolares pongan el foco en los aprendizajes de los estudiantes

Uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo nacional es asegurar que los equipos directivos y docentes de los planteles escolares pongan el foco en los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, ello está lejos de concretarse. Existe una maraña burocrática que distrae no solo a los directores, sino también a los profesores, de sus funciones pedagógicas. Las complejidades que lo explican fueron claramente identificadas por la Comisión Todos al Aula, presidida por la exministra Mariana Aylwin. De ahí se desprendió un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas por diversas instituciones del Estado. Quizás la más activa en esta dimensión ha sido la Superintendencia de Educación; por cierto, ella misma había sido hasta hace poco una fuente importante de nuevas regulaciones.
En realidad, la multiplicación de requerimientos hacia los colegios es un producto del debate educacional de los últimos 10 años, que puso énfasis en el control de los establecimientos, en lugar de plantear políticas que impulsaran la autonomía de los equipos directivos y pedagógicos para enfrentar los desafíos de aprendizaje de sus estudiantes. Es probable que dicho cambio de énfasis explique por qué los resultados del país en materia educacional se han estancado durante los últimos años, después de que entre 1990 y 2013 mostraran avances que ubicaron a Chile al frente de América Latina, si bien lejos aún de otros países OCDE.
No hay, por cierto, una evidencia definitiva que respalde el efecto negativo que ha tenido la mayor burocratización, pero sí existen contundentes antecedentes que revelan el tiempo que los equipos docentes y los sostenedores deben emplear para responder los requerimientos del Estado. Un ejemplo es la detallada rendición de los usos de los recursos educativos que, además, debe calzarse con los criterios definidos en la ley, que parecen amplios, pero que, contrastados con la experiencia diaria de los planteles, resultan demasiado acotados. Junto con ello, el temor a incumplir la legislación obliga a destinar un tiempo valioso a consultar por su uso específico. Poco de eso podría correlacionarse con el logro de una educación de calidad.
Pero junto con esta realidad se ha generado un marcado debilitamiento de la responsabilidad por los resultados educativos. Argumentando, entre otros factores no probados, que su difusión estigmatiza a niños y colegios, hoy día, el escrutinio público al que se enfrentaban los establecimientos en las pruebas nacionales prácticamente ha desaparecido. Así, nadie es responsable de los aprendizajes de los niños y jóvenes del país. Al mismo tiempo, todos los cambios institucionales introducidos no han suprimido la tensión técnico-pedagógica entre la autoridad central, que interviene a través de distintas vías en la gestión educacional de los planteles, y los sostenedores y directivos. En este contexto se han debilitado simultáneamente la autonomía de las comunidades educativas y la rendición de cuentas educacional, combinación letal para un progreso continuo en educación.
Se han debilitado simultáneamente la autonomía de las comunidades educativas y la rendición de cuentas educacional.