Desafío para empresas

En parte producto de las duras experiencias vividas por el país, aún hoy tiende a prevalecer una visión muy limitada del tema derechos humanos, usualmente enfocada en los hechos ocurridos durante el régimen militar y, cuando se trata del presente, en ciertas actuaciones de los organismos policiales. En una concepción moderna, sin embargo, se entiende que el ámbito de estos derechos alcanza una diversidad de esferas y su plena vigencia supone el compromiso de distintos actores sociales. En ese sentido, resultan interesantes los esfuerzos que viene desarrollando la Subsecretaría de Derechos Humanos por implementar el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN), lanzado en 2017. Para ese efecto se acaba de constituir un comité de la sociedad civil, conformado por representantes de gremios empresariales y sindicatos, quienes colaborarán con propuestas para dar cumplimiento a las 160 acciones del plan.
El vínculo entre derechos humanos y empresas es hoy internacionalmente objeto de análisis por distintos autores, quienes apuntan a relevar el papel del mundo privado en el mejoramiento social. En Chile, y en esa línea, una alianza conformada por la Confederación de la Producción y del Comercio, Acción Empresas, Pacto Global Chile, la OIT y el Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso presentó recientemente a las autoridades y a la opinión pública una guía sobre esta materia, la que entrega lineamientos y herramientas concretos para facilitar a las empresas la implementación de políticas de derechos humanos. Contar con ellas puede colaborar positivamente para la inserción y negocios de firmas chilenas en otros mercados, cuyas regulaciones enfatizan en este tipo de materias.
Entre otros puntos, el documento plantea la necesidad de identificar las áreas de riesgo donde la empresa podría afectar algún derecho humano, de manera de desarrollar las políticas de prevención pertinentes; asimismo, invita a las firmas a que voluntariamente vayan más allá de los marcos regulatorios cuando lo permitan sus diversas realidades. Para ello recomienda seguir el proceso de la debida diligencia, con un levantamiento exhaustivo realizado por la propia compañía para identificar los ámbitos o brechas de mejoramiento.
Diversos son los fundamentos que justifican un esfuerzo en esta línea. Desde luego, la valorización de las personas como centro del quehacer empresarial, así como las modernas concepciones de responsabilidad social juegan aquí un papel, pero también ha de tenerse en cuenta que, en una sociedad cada vez más crítica y exigente respecto de sus instituciones, el compromiso con el debido resguardo de los derechos fundamentales ha pasado a ser un criterio a considerar por parte de grupos de interés al momento de preferir una compañía sobre otra.
El referido Plan de Acción otorga un marco a este tipo de iniciativas, y es importante su difusión. Ello, aparte del beneficio que supone para los directos involucrados, puede contribuir decisivamente a una mejor comprensión de la responsabilidad que cabe a todos los actores sociales, y no solo al Estado, en la protección y promoción de los derechos fundamentales, y de los estándares éticos que lo permitan.
Políticas en esta materia pueden contribuir a una mejor inserción en los mercados externos.