Ley criolla refuerza las Zonas de Oportunidad

Las inversiones de capital en bienes raíces al amparo del programa federal de Zonas de Oportunidad (OZ, en inglés) comenzarán a concretarse en Puerto Rico "en cuestión de semanas", anticipó ayer el cofundador de la firma neoyorquina Caribbean Property Group (CPG), Barry Breeman.
Breeman —cuya firma invierte en Puerto Rico desde 1997— también estimó que el impacto de la iniciativa federal sobrepasará "por mucho" la expectativa de $600 millones que el gobierno estatal se ha trazado como meta.
"Nuestra meta es crear desarrollo económico y empleos, y creo que las OZ van a ayudar mucho en estos objetivos", expresó a este medio el también integrante de la junta de directores de Invest Puerto Rico, durante su participación en la Primera Cumbre de Zonas de Oportunidad.
En ese evento celebrado ayer en el Centro de Convenciones de Miramar, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una ley que agrega incentivos contributivos y acceso a financiamiento para las inversiones que se realicen en el marco del programa federal.
Por su parte, Breeman catalogó la ley criolla como "fenomenal" y se expresó optimista en que sea un factor para acelerar decisiones de desplegar capital, cuando tanto los locales como los de Estados Unidos hagan sus cálculos de retorno de inversión.
Las inversiones de CPG en Puerto Rico incluyen Paseo Caribe y Dorado Beach, además de manejar un portafolio de $2,500 millones en activos reposeídos. Sin brindar detalles, Breenan confirmó que su firma está encaminada a concretar una inversión en un proyecto multifamiliar de uso mixto bajo el programa de OZ.
Por su parte, Rodrick Miller, principal oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico, indicó en entrevista separada que esta entidad encargada de la promoción de la isla como destino de inversión está en el proceso de armar un compendio de proyectos listos para recibir capital con el programa OZ.
"Mayormente veo inversión en infraestructura, en hoteles, también en negocios privados. Por lo regular, de 60% a 70% va a ir a bienes raíces", señaló Miller, quien trae a la mesa años de experiencia liderando proyectos de desarrollo económico e inversión público-privada en centros urbanos con fuertes retos socioeconómicos, como lo han sido Detroit y New Orleans.
Según Miller, lo esencial para considerar que un proyecto esté listo es que los proponentes "tengan los términos de inversión claramente definidos y control sobre la localidad". Este último punto implica que sean propietarios o cuenten con el arrendamiento a largo plazo necesario para desarrollar. Por otro lado, indicó que es vital simplificar y agilizar los trámites gubernamentales. "Todavía son un dolor de cabeza", lamentó, aunque elogió iniciativas públicas para mejorar esta realidad. "Tenemos que estar mejor alineados con cómo se hacen las cosas en otras partes".
Más allá de una incomodidad, esto responde que el programa de OZ limita a 180 días el periodo que un inversionista tiene para reinvertir sus ganancias de capital y diferir impuestos. Si otras jurisdicciones demuestran ser más ágiles o contar con más proyectos disponibles, está en ventaja.
La cumbre cerró la tarde con un panel en el que el gobierno presentó los proyectos que tienen listos para recibir inversión bajo el marco de alianzas público-privadas, como Bahía Urbana, las iniciativas de redesarrollo de la antigua base de Roosevelt Roads en Ceiba y los contadores para la Autoridad de Acueductos.
Por el sector privado, la constructora Interlink presentó Bay Harbour Village y Beachfront Development en Aguadilla; mientras Federico Stubbe, de PRISA Group, presentó desarrollos de turismo, uso mixto, salud y entretenimiento como JW Marriott Dorado Beach, Dorado Beach Market, Dorado Beach Hub, Dorado Beach Health con Johns Hopkins y District Live.
Aunque en el panel estaba anunciada la intervención de Nick Prouty, el CEO de Putnam Bridge, este no asistió.
El paquete local
Tras firmar la ley durante el evento de ayer, Rosselló detalló a la prensa que el estatuto local busca mejorar la competitividad de Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones estadounidenses que tienen OZ en 20% a 25% de su territorio. En contraste, 95% de la isla cualifica para el programa.
La ley criolla complementa los beneficios federales con tasas contributivas especiales para la actividad comercial que generen estas inversiones en la isla. Por ejemplo, los proyectos al amparo del OZ pagarán una tasa preferencial de 18.5% en contribución sobre ingresos. Del mismo modo, se establece una exención contributiva sobre los dividendos y una exención mínima de 25% en los arbitrios e impuestos sobre la propiedad.
A esto se suma que, junto al Departamento del Tesoro estadounidense, se facilita una línea de crédito de $400 millones para financiar algunas inversiones cualificadas. Según Rosselló, este componente "se espera que tenga un impacto de sobre $2,000 millones en la economía".
Ricardo Cortés Chico colaboró con esta noticia.