Uruguay en la lista negra

En el día de ayer se confirmó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Uruguay en la lista negra que elabora la institución. La forma en que se desarrolla la negociación colectiva y el decreto que permite las ocupaciones de los lugares de trabajo están en el centro de esta resolución tristísima para el país que lo equipara a otros violadores seriales de los derechos laborales.
Basta ver los nombres de los otros países en esta lista para hacerse una idea de la posición a nivel internacional en que queda nuestro país: Brasil, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Serbia, Cabo Verde, Filipinas, Laos, India, Fiji, Libia, Myanmar, Argelia, Egipto, Irak, Etiopía, Turquía, Bielorrusia, Kazajistán, Zimbabwe, Tajikistán. Si se tiene en cuenta, además, la honrosa historia de Uruguay en materia laboral se cobra la cabal dimensión de esta mancha ominosa. El Frente Amplio, para satisfacer los intereses del brazo sindical, el Pit-Cnt, ha sido capaz de infringirle un daño importante a la reputación del país y a su imagen en el mundo, lo que demuestra una vez más, los problemas de jerarquización del interés nacional del actual partido de gobierno.
Las observaciones de la OIT pasan por lo vetusta de nuestra estructura rígida de negociación laboral con una excesiva intervención del Estado. La institución entiende que deberían promoverse los acuerdos bipartitos. También porque se señala que la ocupación de empresas es no sólo una violación de los derechos del empresario, sino también del resto de los trabajadores que sí desean trabajar y se ven impedidos de hacerlo.
Hasta ahora sabíamos que nuestra regulación laboral era antigua, desalentaba la creación de puestos de trabajo y, a largo plazo, también impedía el crecimiento de los salarios. Todos los índices internacionales que miden competitividad muestran al mercado de trabajo como un talón de Aquiles fundamental de la economía uruguaya. Pero a partir de esta resolución de la OIT también sabemos que estamos por fuera del mapa mundial de la forma en que deben cuidarse las relaciones laborales. Que una organización de fuerte sesgo estatista y protrabajador como la OIT establezca que tenemos problemas por excesiva intervención del Estado y por dejar que los sindicatos se salgan de madre con ocupaciones de empresas revela la verdadera situación de nuestras relaciones laborales.
Es necesario dotar de mayor legalidad y realismo a las negociaciones y eso requiere, indefectiblemente, más diálogo entre trabajadores y empresarios. Los que conocen la realidad de cada sector y de cada empresa pueden encontrar mejores soluciones que la arrogante pretensión del Estado de fijar condiciones para todo un sector de la economía desconociendo realidades geográficas, de tamaño o de dinamismo empresarial.
También es claro que haber legalizado las ocupaciones de empresas fue un error garrafal de los gobiernos frentistas. El reciente ejemplo de Friopan es elocuente al respecto. Máquinas descuidadas, materia prima desperdiciada, desidia y mugre acumulada casi de exprofeso solo por una ocupación pasajera y caprichosa con cuantiosas pérdidas para la empresa, además de la irrecuperable pérdida de contratos, clientes y reputación fue el impactante saldo de la medida. No faltaron tampoco las amenazas y las represalias de la patota sindical con los trabajadores que no estaban de acuerdo con la medida y denunciaron los desmanes de los ocupantes. El Ministerio de Trabajo, fiel a las ideas del ministro, miró para otro lado, implícitamente aceptando que los sindicatos tienen patente de corso incluso para los comportamientos pseudo mafiosos.
La sentencia de la OIT es grave, porque expone a Uruguay a que empresas internacionales no quieran invertir en nuestro país por incumplimientos graves de lo que se entiende es una normativa laboral razonable hoy, en todo el mundo. Pero también es necesario admitir que no está descubriendo nada nuevo, hace tiempo que los uruguayos somos víctimas de la entente político-sindical del Frente Amplio-Pit-Cnt que actúa como un cartel coligado, que ha atropellado los derechos de los empresarios y de la mayoría de los trabajadores sin miramientos, en beneficios de las cúpulas de ambas organizaciones.
El Uruguay necesita reencontrarse, también en materia laboral, con su mejor tradición de sanos equilibrios y defensa de los intereses de todas las personas, en procura del interés nacional y del progreso de todos, sin hijos y entenados. Este tema también, en definitiva, se dilucida en las elecciones.