Doble golpe

Camilo Pérez-Álvarez
El primer golpe fue uno suave, previsible y sin mayores consecuencias. Moody’s, la agencia calificadora, le redujo a Colombia su nota de Baa2 a Baa3, el equivalente a BBB-, aun con el codiciado grado de inversión, pero lejos de las otras dos calificadoras y desconociendo el detalle de la difícil situación fiscal. Desde 2018 Moody’s ha sido benevolente con el país, otorgándole una calificación mejor a la que la realidad sugiere y sus pares reconocen. Es más, tras la bajada, Moody’s modificó la perspectiva de Colombia de negativa a estable, sugiriendo que su calificación no va a cambiar en un buen tiempo. Luego vino el segundo y quizá tercer golpe. Standard and Poor’s (S&P) también redujo la calificación de BB+ a BB y además mantuvo su perspectiva en negativo, sugiriendo que el siguiente movimiento de la calificación sería nuevamente a la baja. La decisión de esta calificadora es mucho más relevante por múltiples razones. Primero, en la actualidad S&P está liderando la calificación de Colombia, como ya lo ha hecho en el pasado, marcando el camino que seguirán las otras agencias calificadoras, pero sobre todo reconociendo la compleja situación fiscal. Sin cambios de fondo, la perspectiva negativa confirma que menores calificaciones son el camino. Segundo, la metodología de S&P permite que la deuda pública local, los TES, tengan mejor calificación que el soberano por su denominación en moneda local. Con la bajada del país a BB, los TES hacen lo propio a BB+. Al perder el grado de inversión, los TES salen de índices de referencia internacionales y esto llevaría a una salida de recursos por parte de inversionistas extranjeros que hacen seguimiento a dichos índices. Este impacto puede ya haberse dado parcialmente, pero podría venir algo más de salida de inversión extranjera de portafolio. Tercero, con unas elecciones en medio del período en que la calificadora evaluará si Colombia puede mejorar su situación fiscal, 12 a 18 meses, el evento será por sí mismo determinante de una potencial bajada. Todo dependerá de si el siguiente gobierno es o no fiscalmente responsable y decide además recuperar la institucionalidad. Por último, aunque la situación fiscal, con la suspensión de la Regla Fiscal, domina los argumentos para una bajada de calificación, S&P también menciona el deterioro de la seguridad y lo que esto significa para la institucionalidad. Así, ese salvavidas que es la institucionalidad y al que el país se aferraba, ahora parece perder flotabilidad. En conclusión, sin cambios tangibles y una estrategia creíble en materia fiscal, evitar reducciones de calificación adicionales será difícil. La calificadora Fitch compró tiempo con su comunicado de días atrás en el que reveló que está más preocupada por los números fiscales, pero se abstuvo de dar una opinión definitiva en calificación. Pero su próxima decisión seguramente será bajar la calificación, quizá antes de finalizar este año, cuando se confirma que el déficit fiscal será mayor al -7.1% del PIB que el Gobierno tiene como meta.
Investigaciones Economicas y Análisis de Mercados Banco de Bogotá .