Domingo, 21 de Julio de 2019

El gobierno está dispuesto a revisar la negociación colectiva

UruguayEl Pais, Uruguay 21 de julio de 2019

nicolás gonzález keusseian
En 2017 el discurso del presidente Tabaré Vázquez ante el plenario de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, desactivó la queja que hicieran los empresarios contra el gobierno

nicolás gonzález keusseian
En 2017 el discurso del presidente Tabaré Vázquez ante el plenario de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, desactivó la queja que hicieran los empresarios contra el gobierno. Sin embargo, ayer, a dos años de aquel hecho, el gobierno no tuvo otra opción que definitivamente salir y defender el actual sistema de negociación colectiva tras la queja de las cámaras empresariales.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro , encabezó la defensa del gobierno ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y allí, dejó la puerta abierta para plantear "modificaciones convenientes" al sistema de negociación colectiva y prevención de conflictos siempre que sean "oportunas" y "razonables".
Sin embargo, si bien desde la vereda de enfrente, los representantes de las cámaras empresariales saludaron la "altura" de las exposiciones tanto del Poder Ejecutivo como del Pit-Cnt , denunciaron la "omisión" del gobierno por no modificar la ley de negociación colectiva que hoy es tripartita (integrada por el gobierno, empresarios y trabajadores) y que buscan sea bipartita con la intervención del Estado solo en determinadas condiciones.
La denuncia que hace diez años vienen promoviendo la Cámara de Industrias del Uruguay , la Cámara de Comercio y Servicios y la Organización Internacional de Empleadores plantea que la ley 18.566 que regula la negociación colectiva "no se adecua a los principios" propios de la OIT. Por esta razón es que los empresarios pidieron al organismo internacional "urgir a que el gobierno modifique la norma observada, cesando así más de diez años de incumplimiento".
Las cámaras fundamentan su denuncia en que hace diez años que el gobierno no cumple con una serie de observaciones realizadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacr) y por la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones del organismo internacional.
En su observación, ambas comisiones instan al gobierno a "revisar" la ley 18.566 del año 2009 -que regula la negociación colectiva - "a efectos de asegurar su plena adecuación con los principios que la informan". Reclaman, en definitiva que el gobierno "cese" en el "incumplimiento" de la norma observada hace ya más de una década, según entienden los empresarios.
Sin embargo, en el gobierno, se amparan en que la ley sobre el sistema de negociación colectiva por la que es cuestionado "privilegia la negociación bilateral y libre entre representantes de trabajadores y de empleadores respecto de la negociación tripartita en los Consejos de Salarios". Es que justamente, el artículo 12 de la ley, señala que "no será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".
Por esto es que el gobierno considera que "la negociación colectiva en nuestro país es absolutamente libre", de acuerdo a la exposición de la defensa presentada por Murro a la que accedió El País. Murro quedó muy satisfecho con la defensa, es más, señaló a El País que "nos fue muy bien" y que solo espera conocer el lunes que viene la resolución del organismo internacional. En Twitter, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara , escribió que "quedo claro por unanimidad, que hay que realizar modificaciones a la ley para adecuarla a las normas internacionales".
En el Pit-Cnt también saludaron el intercambio con el gobierno y con los empresarios. De acuerdo a un comunicado que resumía la defensa que realizó el secretario general, Marcelo Abdala , la central obrera "defendió el sistema de negociación colectiva, aunque como ya se dijo estamos dispuesto al diálogo tripartito para mejorar la ley". Pero, si bien hubo coincidencias, también hubo espacio para apuntar contra los empresarios: "La queja tiene una clara intencionalidad política" y es "inmoral", sostienen. En esta oportunidad, la OIT no trató directamente la denuncia sobre las ocupaciones como extensión de huelga que vienen realizando hace diez años los empleadores uruguayos.
El Grupo de Países de América Latina y Caribe (Grulac) integrado por varios países de la región respaldaron ayer en una declaración a Uruguay tras conocerse que integra la denominada "lista negra" de la OIT. Considera que la nómina "no es transparente" ni "imparcial" ni "objetiva". También encuentra que la misma "no es tripartita en la casa del tripartismo" y que además "no favorece el diálogo social, en la casa del diálogo social". El grupo internacional destacó "los logros en materia de protección social y laboral" que existen en Uruguay, así como los "mecanismos de diálogo social y negociación colectiva" vigentes en el país. Por su parte, el Pit-Cnt también recibió el respaldo de varias centrales sindicales de otros países, entre ellas el de España.
En el Partido Nacional volvieron a poner sobre la mesa la propuesta para derogar el decreto N° 165/006 que regula, entre otras cosas, el derecho de huelga. El senador blanco Álvaro Delgado que espera la comparecencia de Murro en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores una vez que vuelva al país, es partidario de derogar esa normativa. Allí le planteará al secretario de Estado la formación de un "ámbito con los partidos políticos y actores sociales", algo que según aclaró, "lo venimos reclamando y hasta ahora el gobierno se negó". Paralelamente, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi espera que se considere su proyecto de ley que propone no solo que todos los sindicatos tengan una personería jurídica para que se les pueda adjudicar determinadas responsabilidades. Pero por otro lado, también busca "responder a la exigencia justificada por parte de la OIT para que el Uruguay adecue su normativa a los efectos garantizar el libre acceso de los trabajadores y de la dirección de la empresa ante medidas sindicales". En este sentido, busca "dejar sin efecto el decreto (antes mencionado) al establecer la ilicitud de las ocupaciones que impiden el ejercicio de la libertad de trabajo de los que no adhieren", señala el texto. >