Mercado laboral, riesgos y oportunidades

La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas, arrojó que, pese a la sólida expansión de 4% que registró la economía en 2018, el ingreso medio real de los hogares ($1.126.900) disminuyó 1,7% respecto de 2017, mientras que la mediana lo hizo en 2,3%.
Los resultados de la ESI son congruentes con la debilidad que, según otras mediciones del ente estadístico, presenta la creación de empleo en el sector privado. Todo ello confirma que el crecimiento económico es un requisito necesario, pero no suficiente, para mejorar las condiciones laborales. El país requiere un mercado del trabajo moderno y flexible.
Las razones del estancamientoLos niveles de empleo y salarios dependen de la demanda y oferta de trabajo. La demanda aumenta con mejores perspectivas económicas y productividad, y disminuye con la incertidumbre y las rigideces institucionales que encarecen artificialmente la contratación de mano de obra. La oferta también aumenta con las expectativas y, como se ha demostrado, crece producto de la llegada de inmigrantes. Estos elementos, con grados de incidencia disímiles, permiten entender el bajo dinamismo del mercado laboral chileno.
La productividad de los trabajadores ha permanecido prácticamente inmovilizada durante la última década. Esto ha sido el producto del escaso perfeccionamiento de los sistemas de capacitación, las amplias trabas normativas para establecer jornadas flexibles y las deficiencias del mecanismo de indemnización vigente. Este último factor merma la contratación no solo por su nocivo efecto en la productividad, sino que también por el excesivo encarecimiento que genera en el término de las relaciones laborales: el Foro Económico Mundial sitúa a Chile por debajo del puesto 110 de 140 países en costos de despido y flexibilidad para contratar y despedir empleados. Esta es, por cierto, la natural consecuencia de las mayores rigideces que están afectando al empleo en Chile. A modo de ejemplo, al prohibir el reemplazo en huelga, la reforma implementada bajo la administración de la Nueva Mayoría aumentó los incentivos para reemplazar a los trabajadores por tecnología. Se trata de un fenómeno incipiente y sus costos solo crecerán en el tiempo.
Este conjunto de falencias microeconómicas se suma a la compleja situación macroeconómica internacional a la que se ve enfrentado el país. Tal combinación explica la desfavorable tendencia de las cifras laborales (la tasa de desocupación nacional alcanzó el 7,1%). Respecto de la inmigración, si bien en el corto plazo puede explicar la presión de los salarios a la baja y la mantención de los niveles de empleo, sería un error desconocer las negativas consecuencias de las rigideces de nuestro mercado laboral y nuestras falencias en la promoción de la productividad.
Costos laborales y cambio tecnológicoEn este contexto, inquieta la serie de iniciativas que, de ser aprobadas por el Congreso, incrementarán aún más los costos de contratación en Chile. En este sentido, es pertinente distinguir las propuestas que son beneficiosas en términos netos en el largo plazo de las que no lo son.
Por ejemplo, se contempla que el aumento, del 10% al 14,2%, en la tasa de cotización previsional recaiga sobre el empleador. Existe consenso en que ello repercutiría negativamente en la contratación, pero la opción de mantener el ahorro para la vejez inalterado implicaría un perjuicio social significativamente mayor. Los costos asociados a la potencial administración de los nuevos fondos por parte de un "ente" público previsional también impactarían negativamente el bienestar de los trabajadores.
Por otra parte, la propuesta de los diputados del Partido Comunista de rebajar la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales produciría un incremento de 11% en los costos laborales. El Ejecutivo estima que esta brusca modificación destruiría al menos 250 mil empleos, y ha decidido presentar un proyecto alternativo. Con el fin de aminorar la pérdida de puestos de trabajo, la iniciativa busca recortar gradualmente la jornada en los próximos años, hasta alcanzar las 41 horas en 2027. La progresiva disminución sería acompañada por mayor flexibilidad. Sin embargo, este enfoque no está exento de problemas.
En primer lugar, independientemente de la fecha de implementación, la reducción propuesta por el Ejecutivo implica nuevos costos a la contratación que no parecen ser compensados por las tibias propuestas de flexibilidad. Esto se contrapone con las convicciones iniciales del Gobierno de introducir cambios que apuntarían a promover el crecimiento. Así, el desvío hacia políticas contrarias a estos objetivos deterioraría las confianzas y dificultaría el repunte de la actividad. Por lo mismo, la relevancia de la flexibilidad hace necesario que se la discuta en su propio mérito, sin quedar su trámite legislativo sujeto a consideraciones externas. La cuarta revolución industrial eleva los beneficios de la adaptabilidad, pero también puede derivar en un incremento del desempleo si las rigideces persisten.