Domingo, 22 de Septiembre de 2019

Infancia, tristes números

ChileEl Mercurio, Chile 22 de septiembre de 2019

Resulta imprescindible establecer los compromisos que permitan asegurar el financiamiento de estos necesarios cambios.

En los últimos tres años han muerto 252 niños y jóvenes que se encontraban recibiendo prestaciones del Servicio Nacional de Menores. Según ha trascendido, cinco de ellos fallecieron en centros de administración directa del servicio y 35 en organismos colaboradores, mientras que 157 eran atendidos en programas ambulatorios. Si bien las causas no han sido analizadas en detalle y aun cuando hay una ostensible baja en el número de fallecimientos en el sistema residencial, en el caso de aquellos menores en residencias de administración directa del Sename la situación resulta especialmente grave, pues a la tragedia que siempre significa la muerte de un niño, se suma el hecho de que se encontraban bajo la completa tutela del Estado.
En el caso de quienes eran usuarios de programas ambulatorios la situación presenta una diferencia. En efecto, se trataba de jóvenes y niños menores que asistían a dichos programas periódicamente, pero que continuaban viviendo en sus casas, arraigados en sus barrios y probablemente expuestos en sus entornos. Si en este tipo de casos se restan los fallecimientos por causas naturales, las causales suelen incluir suicidios, muertes por violencia en las calles, consumo de drogas, etc. Por lo mismo, la pregunta que aquí se abre se refiere a las razones por las cuales menores con altos grados de exposición no se encontraban bajo una tutela directa y más intensa por parte del Estado. Ciertamente los casos concretos donde esto se plantea resultan difíciles de resolver, pues, en principio, el sistema debiera siempre propender a la incardinación de los menores en sus familias, considerando que la residencialización es particularmente traumática cuando hay redes alternativas. Al mismo tiempo, en dicha decisión intervienen jueces, que son quienes deben ordenar la internación, lo que muchas veces resulta especialmente arduo. De cualquier modo, el desenlace de cada uno de estos casos habla de un fracaso del Estado en ofrecerles a esos niños y jóvenes oportunidades para superar su vulnerabilidad.
Haciéndose cargo de esta realidad, el Ministerio de Justicia ha explicitado una serie de prioridades relevantes. Ellas consideran, por una parte, la implementación de un nuevo sistema de residencias, de tamaños más reducidos y mejor infraestructura, de manera de brindar una atención más personalizada a los niños y adolescentes bajo tutela directa del Estado; en el caso de los organismos colaboradores, y luego de una difícil tramitación, se aprobó el aumento de sus subvenciones y mayores exigencias.
Prioritaria es también una profunda reforma de los programas ambulatorios, los que requieren de personal altamente calificado y de una focalización precisa y funcional que permita a los niños y adolescentes un desarrollo que facilite su protección e inserción social. Por último -y este ha sido un anhelo histórico-, resulta imprescindible avanzar en el mejoramiento de la oferta de atención de salud mental especializada, especialmente si se considera que los grados de prevalencia de enfermedades psiquiátricas de usuarios del sistema son tres veces mayores en comparación con el resto de los menores de entre 4 y 18 años.
Demasiado ha tardado el Estado en priorizar las medidas necesarias para aspirar a tener un adecuado sistema de protección de la infancia. Solo en los últimos años, y luego de la conmoción provocada tras una serie de casos lamentables, el compromiso del sistema político ha terminado por alinearse con dicha aspiración. Sin embargo, resta mucho por avanzar, y en ocasiones las tramitaciones legales han sido particularmente lentas e ideologizadas, acarreando considerables retardos. Considerando la urgencia del tema, y también el cuadro económico del país, que probablemente llamará a una administración austera de los recursos fiscales, resulta imprescindible establecer desde ya los compromisos que permitan asegurar el financiamiento de estos necesarios cambios.