Equidad sin recursos, inviable

Lograr una mayor equidad social es un propósito de todo país en desarrollo. Hay dos vías para lograrlo: a través de una mejora generalizada en el acceso a bienes y servicios -como la educación y la salud- o la ampliación de oportunidades ligadas al mérito individual. Hay experiencias exitosas y desastrosas de una y otra, y sus diferentes combinaciones. Lo que es claro, cualquiera sea la fórmula, es que la equidad solo es posible con recursos. Es imposible cerrar las brechas sin generación de riqueza. Salvo en economías donde el Estado es dueño de los bienes de producción, quien genera riqueza, principalmente, es el sector privado, fruto de la iniciativa individual y de la libertad de empresa. De un sector privado, conformado por el trabajo independiente de las personas y por empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Son estos los que dinamizan la economía y generan los recursos para alcanzar una mayor equidad social. Sectores productivos que generan los ingresos de las personas y que aportan recursos al Estado. Por eso sorprende la pretensión de algunos de lograr mayor equidad impidiéndole al sector privado y público operar. Impedirle al comercio formal funcionar, a los productos agrícolas llegar a los centros de consumo, a las personas ir a su trabajo y a los niños a las escuelas, no es el camino para lograr una mayor equidad. Al contrario, nos aleja de este objetivo loable. Tal contradicción en el seno de la sociedad, sumada al vandalismo y la violencia, solo generan zozobra, incertidumbre y afectación a la confianza inversionista. Llama la atención, por ejemplo, el ataque a la ley de crecimiento. Una ley que, antes de ser declarada inexquible por vicios de trámite, ha demostrado sus bondades. No en vano el país es de los que más crece en medio de una región estancada y de un mundo convulsionado. Es cierto que el crecimiento económico per se no garantiza una mayor equidad social, pero sin crecimiento esta es definitivamente imposible. Oponerse a una ley que impulsa el crecimiento y el empleo formal y que ahora incluye un mecanismo de devolución del IVA a los más pobres, es un sinsentido. En la misma línea lo es atacar sectores que actúan en el marco de la legalidad, contribuyen al crecimiento y a la generación de recursos para tener de donde distribuir riqueza y generar mayor equidad. Hasta actores de televisión han salido a promocionar el uso de efectivo y han invitado a que no se realicen transacciones financieras en diciembre. Un llamado irresponsable que tendría un efecto gravísimo en el comercio. Solamente con las jornadas de protestas en Bogotá han sido afectados más de 700 mil comerciantes. Un absurdo. Similar sucede con quienes se oponen, no solo en esta coyuntura sino de tiempo atrás, a la industria del petróleo y gas, una de las que más recursos aporta al país, a nivel nacional y regional y que, junto con la minería, representa la mitad de las exportaciones colombianas. Y de manera específica, se oponen también a explorar nuevos yacimientos e investigar nuevas técnicas, que le permitan al país desarrollar todo su potencial antes de que sea tarde, además de generar más riqueza y empleo. En términos de generación de recursos, el más reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, indica, por ejemplo, que las empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas aportaron al país $15,9 billones en 2018 por concepto de impuesto a la renta (recaudado en 2019), regalías, derechos económicos contractuales y otros gravámenes. Esto representa cerca del 70% de la renta líquida del 2018 y un incremento del 59% frente al aporte en 2017. Si a estos se suman los dividendos de Ecopetrol el aporte en 2018 totalizó $27,6 billones, lo que equivale al 20% de los Ingresos Corrientes del Gobierno Central y una cuarta parte del recaudo por impuesto a la renta proveniente de sociedades. Un sector, como pocos, capaz de generar recursos al país. Recursos usados para inversión pública, y para lograr mayor equidad. Estos aportes han sido y seguirán siendo fundamentales para la sostenibilidad fiscal y para apoyar los programas de desarrollo social, económico, la transformación productiva y energética, que lidera el Gobierno Nacional. Es decir, para contribuir, junto con los demás sectores económicos, a una mayor equidad social. Equidad que solo es posible alcanzar con un sector privado y público pujante, capaz de generar recursos y de invertirlos bien.
Presidente Asociación

Colombiana del Petróleo (ACP)
Francisco José Lloreda Mera