Un problema que no da para más

Con esta compartible opinión defendió el diputado nacionalista Rodrigo Goñi el proyecto de internación compulsiva de personas en situación de calle, que ha sido aprobado recientemente por la Comisión de Legislación de Diputados, y que se prevé que se vote en cámara el próximo 7 de mayo.



El proyecto no solo implica el retiro de los indigentes que pernoctan en la vía pública sino también su asistencia en salud mental y adicciones.



Modifica la ley número 18.787, promulgada en 2011 bajo la presidencia de Mujica, que limitaba el traslado a personas "con riesgos de muerte y graves enfermedades".



La responsabilidad continuará a cargo de los ministerios de Desarrollo Social e Interior, así como de ASSE, sobre lo cual su director Leonardo Cipriani había aclarado que la necesidad de que en las intervenciones participara un psiquiatra gene-raba un cuello de botella, por la carencia del debido número de especialistas.



Por eso la nueva ley facilita el procedimiento otorgando esa potestad a un profesional de medicina general, quien realizará un informe constatando que la persona presenta "un riesgo inminente para sí o para terceros".



A la complicación siempre creciente del problema desde hace décadas, se suman varios agravantes. Por un lado, una mayor agresividad de muchos indigentes, en su mayoría adictos, que se descompensan e insultan, maltratan e incluso rapiñan. Por el otro, la inminencia de un crudo invierno que los expone a ellos mismos a enfermar o fallecer de hipotermia, algo que ya ha ocurrido en nuestra ciudad en más de una oportunidad.



Otra vez y como siempre, esta ampliación de las atribuciones de la ley anterior no cuenta con el respaldo de la bancada del FA. Legisladores como Claudia Hugo y Micaela Melgar se pronunciaron en contra, con el habitual argumento de que "no ataca lo que tiene que atacar", en esa tendencia constante de la izquierda a sobrediagnosticar los problemas, paralela a su incapacidad para resolverlos. El también frenteamplista Enzo Galán llegó al extremo de reprochar al gobierno por no haber incluido esta norma en la LUC. Que sean ellos quienes ahora reconozcan la importancia de la Ley de Urgente Consideración que tan dañosamente combatieron, da idea del grado de negativismo que los caracteriza.



Cuando días pasados trascendió una polémica entre el Mides y la Intendencia (el primero interna a los indigentes, pero la segunda no retira sus campamentos a la intemperie, lo que genera que retornen al día siguiente), un equipo de la comuna salió con un camarógrafo de noticiero para levantar dos o tres de esas instalaciones improvisadas...



Con eso no alcanza, claro, pero no hay que olvidar que estamos hablando de un partido político que ha declarado abiertamente que "vivir en la calle es un derecho", como si la indignidad y el riesgo para la salud fueran de verdad un derecho y no lo que son, graves injusticias que deben ser corregidas. También es bueno recordar a la exministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, cuando justificaba esos asentamientos precarios culpando a la gente que descartaba sillones en la vía pública.



A contrape- lo de tanta desidia, el exministro Martín Lema celebró la presentación del proyecto, señalando que "permite dar asistencia a personas que requieren atención médica por descompensaciones, protege a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, minimiza riesgos y consecuencias indeseadas y permite mejorar la convivencia con los vecinos".



Mientras el gobierno nacional trata de paliar el problema, la Intendencia hace demagogia con los cuidacoches, habilitando el pago electrónico de sus propinas coercitivas, más propias de la mendicidad encubierta que de un verdadero servicio. Sin embargo, ha trascendido que el beneficio solo alcanzaría a un puñado de cuidacoches "inscriptos" en la comuna...



El diputado nacionalista Rodrigo Goñi reconoce que el actual proyecto "no es la solución definitiva", y que lejos estamos de una receta "mágica" para erradicar el flagelo, pero claramente es un primer paso.



No hay duda de que algo hay que hacer, superando el lugarcomunismo pueril de que la gente común no quiere ver a los indigentes o procura esconderlos.



Nada de eso.



A los primeros que perjudica la situación de calle es a sus mismos protagonistas.



Y el espacio público es de todos; nadie tiene derecho a usurparlo ni a meterse de manera prepotente con el prójimo.