Domingo, 26 de Enero de 2020

Paralizados los planes fiscales municipales

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 26 de enero de 2020

El proyecto piloto de planes fiscales municipales está paralizado debido a la incertidumbre que provocó la impugnación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Ley 29, que reduce las presiones económicas de los municipios, y debido a la "rebeldía" de algunos alcaldes que temen que el documento trace finalmente la ruta hacia la eliminación de ayuntamientos

El proyecto piloto de planes fiscales municipales está paralizado debido a la incertidumbre que provocó la impugnación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Ley 29, que reduce las presiones económicas de los municipios, y debido a la "rebeldía" de algunos alcaldes que temen que el documento trace finalmente la ruta hacia la eliminación de ayuntamientos.
La meta original de la JSF era aprobar estos documentos fiscales para el 28 de junio de este año, pero las limitaciones técnicas, las dinámicas políticas y los propios enfrentamientos entre el organismo fiscal y el gobierno puertorriqueño atrasaron el proceso que, por el momento, solo incluye a 10 de los 78 ayuntamientos.
La JSF llegó al punto en que dejó de establecer nuevas fechas para la entrega de los documentos fiscales y simplemente se mantiene visitando los municipios, discutiendo propuestas y recopilando información para retomar el proyecto piloto una vez se aclare el panorama fiscal de los pueblos, coincidieron varios alcaldes.
"Es imposible preparar un plan fiscal. Más del 50% de los ingresos proviene del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y todavía no se sabe qué va a pasar en el CRIM. Nosotros lo que hemos enviado es la información financiera que nos han pedido", dijo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.
"No voy a entregar un plan hasta que el CRIM no se exprese. Nos hemos puesto en rebeldía porque así no podemos hacer ajustes reales en los municipios… Además, entendemos que los números serían fatales sin la Ley 29 (que impugna la Junta)", sostuvo, entretanto, el ejecutivo municipal de Isabela, Carlos Delgado Altieri.
No obstante, el portavoz de la JSF, Edward Zayas, indicó que todos los municipios entregaron los documentos fiscales que solicitaron y que están en revisiones y conversaciones con los pueblos para escuchar las particularidades de cada uno en lo que se dirimen las controversias que han atrasado el proyecto piloto.
"La idea, ahora mismo, es reunirnos con los alcaldes para entender las fortalezas, y ver qué les hace falta para ver si podemos darles una mano", señaló Zayas. Con los encuentros, dijo, van mirando de cerca cómo los municipios ordenan sus finanzas y dialogando posibles estrategias para desarrollar la economía y mejorar los recaudos.
Las deficiencias fiscales de los municipios se conocen desde hace más de una década. La situación, sin embargo, se agravó recientemente cuando perdieron los depósitos en el ya extinto Banco Gubernamental de Fomento, les quitaron las transferencias de fondos estatales, los obligaron a pagar parte del Plan de Salud del Gobierno -conocido ahora como Vital- y del sistema "Pay as you Go", que honra las pensiones de los jubilados del gobierno.
La Ley 29 de 2019, que impugnó la Junta, revertía las nuevas obligaciones municipales con el programa Vital y el nuevo modelo de retiro. La Junta, sin embargo, entendió que la medida no cumple con el plan fiscal vigente y, por eso, la impugnación judicial ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside las quiebras bajo la ley Promesa. El caso se litiga a pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha expresado que se trata de un caso perdido para el gobierno central.
En la medida en que el caso permanezca sin decidirse, el CRIM no podrá tener un estimado básico de ingresos, y, mientras eso suceda, esta agencia tampoco podrá completar el plan fiscal que la Junta también le ordenó hacer. Ese documento financiero sería la base de todos los planes fiscales de los municipios.
La Junta resolvió el retraso pidiendo dos planes fiscales: uno con el alivio de la Ley 29 y otro sin este. Y ahí se trancaron algunos pueblos. El escenario sin la Ley 29 implicaba el colapso inmediato de las finanzas municipales.
"Yo no voy a entregar un plan… Eso sería presentar la sentencia de muerte de mi municipio. Yo no voy a pasar a la historia como el que cerró el municipio. Tendrán que obligarme", dramatizó el alcalde de Comerío, Jose A. Santiago.
"Sin Ley 29, el cantazo es fuerte. Perderíamos como $4 millones anuales. Eso es mucho del presupuesto municipal. Eso afectaría definitivamente los servicios que damos porque habría que bajar empleados y dejar de dar algunos (servicios). Por eso la necesidad de que se mantenga el alivio", manifestó el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.
El problema es que la mayoría de los municipios depende de las transferencias que reciben del gobierno central para operar. En Orocovis, el 67% del presupuesto proviene del gobierno central. Comerío, por su parte, tiene una dependencia de 66% y Barranquitas de 59%. Del grupo de municipios en el proyecto piloto, el que menos depende del gobierno central es Cidra, que recibe el 13% de su presupuesto del Estado.
Seis de los diez municipios en el proyecto piloto dependen en más de un 40% de las transferencias del gobierno central. "Sin la Ley 29 se podría operar, pero los servicios serían tan mínimos. Sería solo recoger la basura y limpiar las calles. No habría nada más. No habría nada de reparaciones de calles, ni de escuelas, ni deportes, no habría nada", anticipó el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez.
"Ellos querían proyecciones de ingresos sin los chavos de la Ley 29. Con eso, 40 municipios no van a ser funcionales porque ya tuvieron grandes pérdidas con el BGF y con los fondos de equiparación (las transferencias). Y no tienen capacidad de producir nuevos ingresos en corto tiempo porque no tienen una economía que los sustente", sostuvo, por su parte, Delgado Altieri. "Ellos (los miembros de la JSF) tienen que entender que la china que están apretando ya no da más jugo".
El alcalde de San Sebastián argumentó que la otra razón para que muchos pueblos se mantengan a flote todavía es porque están cubriendo sus gastos operacionales con los préstamos de respuesta a desastres (CDL, en inglés) que les proveyó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Este crédito tiene un tope de $5 millones.
"Los municipios no han colapsado por que han usado los préstamos de FEMA para las operaciones diarias con la esperanza de que FEMA les condone el préstamo y no lo tengan que pagar", sostuvo Jiménez.