Las horas bajas de la Corte

La verdad, yo como ciudadana albergaba la ilusión de que aquella Corte Suprema que bajo tan equivocado criterio se politizó, de manera tan evidente y peligrosa, en épocas del gobierno Uribe, y que hizo imposible que se eligiera fiscal de dos ternas que consideró inviables, ya se hubiera renovado del todo. Pero se ve que quedan viejas mentalidades conspirativas entre algunos de sus magistrados, que definitivamente no dejan avanzar y devolverle a la Corte su majestad, su legitimidad y el pleno de su poder institucional. Al terminar esta columna, el viernes, parecía que tampoco iba a definirse por fin en esta sala plena el deber de la Corte Suprema de Justicia de elegir fiscal general de la Nación. De haber elegido, habría sido por un milagro, más bien atribuible a una explicación vulgar: la hipótesis de que muchos magistrados pensaban que era mejor elegir fiscal ya, para ‘repartirse la marrana’ de los puestos que vendrán seguro, fruto del agradecimiento del elegido, entre los 16 que son los magistrados que hay hoy, y no entre los 23 que habrá cuando se llenen las vacantes de los magistrados que se han ido yendo. Otra versión, no menos mala, indica que existe una gran coincidencia entre el tiempo que la Corte demora en elegir fiscal y la actividad con la cual los fiscales encargados aceitan la burocracia de los magistrados, para comprar tiempo y quedarse el mayor plazo posible en provisionalidad, apelando a los milagros que obran los ofrecimientos burocráticos. Casos se han visto. Un fiscal interino reciente se quedó así un año y medio. ¿Cómo? Repartiendo burocracia. Otro, más reciente, se quedó un poquito menos encargado, pero los magistrados quedaron tan agradecidos con la piñata que lo candidatizaron a procurador. Lo de la demora en elegir fiscal es apenas un incidente más entre las irregularidades que vienen ocurriendo con el funcionamiento de la Corte Suprema. Algunos de sus actuales magistrados, estoy segura, no comulgan con esas prácticas y preferirían ver que el organismo recupere su prestigio de antaño. Pero parecen ser la minoría. Porque los dignos y probos que sobreviven en su interior no han logrado imponerse sobre las camarillas clientelistas y las disputas de egos entre sus colegas, bajo cuyos intereses los integrantes de la Corte Suprema están agrupados y a la vez divididos; actúan, fallan y hasta eligen. O no eligen, como viene pasando hace más de un año con la planta de 23 magistrados que son por disposición constitucional, y que se ha venido mermando hasta llegar solo a 16, y próximamente a 15, por el vencimiento del cargo de sus titulares. Y de eso no escapan ni quienes los presiden. La Corte ha pasado hasta casi un año sin poder elegir a su propio presidente. A uno de ellos lograron por fin ponerlo al frente de la corporación un diciembre, aunque su plazo vencía en enero, solo para que se pudiera ganar un pasaporte diplomático. Es decir, la Corte de hoy se comporta más parecido a un organismo político que judicial; como si fuera una asamblea departamental de la Costa, pero que se mueve no por intereses políticos partidistas, sino personales. Pero resulta que los colombianos tenemos derecho a que la Corte funcione completa, y eso nos lo están incumpliendo gravemente. Desde luego, hay más garantías en una audiencia atendida por los miembros completos de una sala que con la mitad, donde incluso actúan interinos. Mi colega, amiga y gran conocedora de este tema judicial, Cecilia Orozco, introdujo en su última columna un nuevo motivo de preocupación. Ella sugiere que resulta mejor que los magistrados se queden en 16 y no completen los 23, porque "con un margen menor de togados, se reduce el margen de manipulación externa sobre ellos (...)". O sea: si eso es cierto, hemos llegado a la degradante situación de que mientras menos magistrados haya como titulares en la Corte, esta será más limpia. Luego estamos hablando de un modelo de Corte en vías de extinción, que obliga a replantearlo de raíz. Y, pues claro: ante esta situación es imposible utilizar un sistema dictatorial para, como sucedió en épocas de Rojas Pinilla con el plebiscito del 57, cerrar de una vez esta Corte politizada y elegir una absolutamente nueva, compuesta por 23 magistrados independientes, incorruptibles y dispuestos a no dejarse presionar políticamente. Ah, y a trabajar. Entre tanto... La situación de la Corte está cerca de ser sórdida. Señores magistrados: ¿ustedes, de verdad, no se dan cuenta?
Camarillas clientelistas
María Isabel Rueda