Sentido político de ley antisaqueos

Con los votos del oficialismo y de siete integrantes de la bancada democratacristiana -incluidos exmiembros del Partido Radical-, la Cámara de Diputados despachó el viernes, en último trámite, el proyecto conocido como Ley Antisaqueos y Antibarricadas. Originada en una moción, la iniciativa busca entregar nuevas herramientas al sistema penal para sancionar graves conductas y desórdenes públicos como los que se han visto a partir del llamado "estallido social". Independientemente de la controversia jurídica respecto de la eficacia de la normativa -cuestión que en definitiva se zanjará una vez que ella entre en vigencia-, su tramitación ha sido reveladora de las disímiles actitudes que hoy existen en el mundo político frente a las acciones de fuerza como método de protesta.
A grandes rasgos, el proyecto modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios. Quedan incluidas aquí acciones como la instalación de barricadas y también aquella que se ha conocido en estos meses como "el que baila pasa", para las que se establecen penas que van de 61 a 540 días; igualmente, se sanciona el lanzamiento de objetos contundentes que puedan producir la muerte u ocasionar lesiones, con penas de 61 días a tres años. Además, se modifica la sanción del robo en lugar no habitado -la hipótesis con la que actualmente se persigue el saqueo-, el robo con violencia y el hurto cuando concurren las circunstancias de calamidad o alteración del orden público.
La discusión del proyecto no fue fácil, al enfrentarse a una fuerte campaña desarrollada en redes sociales por sectores que acusaron un supuesto intento de "criminalizar la protesta social". Dicha campaña tuvo efectos evidentes en el Frente Amplio, cuyos diputados se dividieron al momento de votar la iniciativa en su primer trámite, cuando algunos apoyaron la idea de legislar, si bien estuvieron en contra de sancionar las barricadas y el lanzamiento de objetos contundentes. De modo insólito -y luego de recibir una avalancha de críticas por parte de sectores radicalizados-, los mismos congresistas señalaron al día siguiente su arrepentimiento de lo obrado, arremetiendo contra el mismo proyecto que habían respaldado en la votación general. En el Senado, el texto sufrió algunos cambios y fue aprobado con votos del oficialismo y de una parte de la oposición; de modo notorio, la mayoría de los congresistas PS y algunos de otras bancadas votaron en contra de los artículos referidos a las barricadas y el lanzamiento de objetos contundentes. La historia del proyecto no terminó, sin embargo, luego de que el viernes pasado la Cámara de Diputados lo aprobara en tercer trámite y lo enviara a ley, pues los parlamentarios del Frente Amplio han decidido recurrir al Tribunal Constitucional -institución habitualmente objeto de duro cuestionamiento por parte de ese bloque- para objetarlo.
Cualquiera sea el destino que allí tenga la iniciativa, su discusión durante estos meses ha evidenciado cómo -sea por convicción o por efecto del clima de amedrentamiento que han buscado imponer respecto de estos temas sectores radicalizados- una parte de los congresistas se ha negado a expresar un claro rechazo frente a conductas que no solo alteran el orden público, sino que implican una afectación concreta de los derechos de terceros. Incluso algunos, como el diputado Boric y otros miembros de su coalición, han llegado al punto de validar algunas de esas acciones, al calificar, por ejemplo, a las barricadas como "legítimas expresiones de resistencia", cual si ciertas formas de violencia pudieran ser toleradas en una democracia.
Ciertamente, las consecuencias de esa actitud no son inocuas cuando, según las cifras oficiales, se han registrado más de 2.600 hechos de violencia graves y el Estado ha mostrado severas falencias para contenerlos. Por lo mismo, sin embargo, la aprobación de esta normativa es una señal importante de la existencia de una mayoría dentro del mundo político que expresa así su rechazo frente a conductas inaceptables. Especialmente valioso es que parlamentarios de oposición hayan privilegiado la claridad en este punto antes que sucumbir a las intensas presiones que rodearon el debate.