Viernes, 21 de Febrero de 2020

Peritajes eternos, impunidad consagrada

ArgentinaLa Nación, Argentina 20 de febrero de 2020

Cuando una orden judicial tarda 15 años en ser ejecutada, la posibilidad de llegar a la verdad y hacer justicia se torna una misión casi imposible

Cuando una orden judicial tarda 15 años en ser ejecutada, la posibilidad de llegar a la verdad y hacer justicia se torna una misión casi imposible.
Que un proceso judicial tarde 23 años, como demoró el juicio que se le siguió al expresidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador de 1995 es una aberración. Constituye una situación tan inverosímil que determinó que la Cámara de Casación lo absolviera en 2018 por entender que se había vencido el "plazo razonable" para ejecutar la pena a siete años de prisión a la que había sido condenado por la Cámara Federal un año antes.
Ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti, quien hace pocos meses se hizo cargo del juzgado que por años comandó el escandaloso juez Norberto Oyarbide, ordenó que se ejecute un peritaje sobre los bienes del expresidente, su exesposa Zulema Yoma y la hija de ambos, Zulema María Eva, en la sospecha de que el producido de aquella venta fraudulenta de armamentos pudo haber ido a engrosar el patrimonio familiar del exmandatario y actual senador nacional.
Qué podrá comprobarse 15 años después es muy difícil de imaginar. Más bien, parece un paso más hacia la consagración de una "impunidad de hecho", de la exculpación a la que se llega cuando ese y no otro ha sido el único objetivo al que se ha querido llegar.
Que la Justicia pierda credibilidad día tras día lamentablemente no es casual. Distintas mediciones la ponen en los últimos escalones de la confianza ciudadana. En nuestro país, un proceso penal de complejidad baja puede tardar, en promedio, cinco años en pasar por todas las etapas procesales, incluidas las instancias de apelación. Si el juicio es por corrupción, la duración de una causa en la Argentina promedia los 14 años.
En todo ese lapso, se multiplica la pérdida de pruebas, se omite tomar determinados testimonios, se demoran peritajes claves y muchos imputados suelen elaborar una y mil estrategias para mantenerse a salvo de la Justicia, entorpeciéndola. En el caso de Carlos Menem -aunque no es el único, por cierto- se suma la estrategia de la obtención de fueros parlamentarios para evitar ser detenido, abusando de una interpretación tan caprichosa como forzada de esa protección constitucional.
La Justicia se legitima cuando avanza en tiempo y forma. De lo contrario, se convierte en impunidad, y esta última, en un mayor descreimiento de la Justicia.