Contraloría cuestiona permisos de edificación relacionados al proyecto Bahía Panguipulli

Un nuevo foco de discordia se abrió entre los vecinos de Panguipulli que se oponen al proyecto Bahía Panguipulli, disputa que hace meses enfrenta a las partes en diversas instancias administrativas.
Esta vez fueron dirigentes del Club de Rodeo Mi Tierra de Panguipulli -representados por el abogado Juan Ignacio Correa, del estudio Correa Squella- los que acudieron a la Contraloría General de Los Ríos, para que se pronunciara en torno a la legalidad de dicha parcelación, en tanto -según estos denunciantes- ni el SAG ni la Municipalidad de Panguipulli ni la Secretaría Regional Ministerial (Seremi del Minvu) adoptaron medidas para resguardar el carácter agrícola, forestal o ganadero del terreno.
Ocurre que los gestores del proyecto subdividieron el predio en 228 lotes, en sintonía con lo que permite un artículo del DL 3.516, de 1980, que establece que fuera de los límites urbanos se permiten parcelaciones, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas.
Pero, según enfatiza el abogado Correa, eso no significa que el destino de los terrenos pueda modificarse, a menos que haya un cambio de uso de suelos, lo que en este caso no ha ocurrido. En otras palabras, aun con la subdivisión predial, el paño sigue siendo agrícola, ganadero o forestal, según el reclamo del abogado Correa.
El 20 de enero, la Contraloría Regional se pronunció, señalando que no se advierte que la Dirección de Obras Municipales haya cumplido con la legislación, antes de otorgar los permisos de edificación.
"En lo que atañe al otorgamiento de permisos de edificación en los lotes resultantes de la referida subdivisión, que de los antecedentes no consta que, previo a la concesión de los mismos, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Panguipulli haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 55 de la LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcción), en cuanto a exigir que se presenten los informes favorables otorgados por las reparticiones públicas correspondientes para el respectivo cambio de uso de suelos", dice parte de la resolución fechada el 15 de enero, firmada por el contralor regional de Los Ríos.
Agrega que, con este actuar, se permitió la infracción del DL 3.516, "que prohíbe la destinación de tales predios a fines urbanos o habitacionales".
Por lo mismo, ordena a la entidad edilicia regularizar esta situación, sin perjuicio de ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario respecto de las responsabilidades administrativas. Asimismo, cuestiona tanto al SAG como -a la Seremi del Minvu, pues -dice la Contraloría Regional- "no se advierte la existencia de fiscalizaciones" de estos organismos, en orden a velar por el cumplimiento del citado DL 3.516, conminándolos a que estos servicios arbitren las providencias necesarias a fin de fiscalizar la situación, y comuniquen estos resultados a la Contraloría Regional.
"Esto es un antes y un después. El resquicio de haber usado el DL para desarrollo inmobiliario se acabó. Es un cambio cultural legal. En Chile hay una mala práctica de subdividir para hacer desarrollos inmobiliarios. Si se quiere hacer una división con ese fin, hay que hacer lo que se llama cambio de uso de suelo, para lo que se ponen condiciones, hay que compensar los terrenos", apunta Juan Ignacio Correa, alertando que los lagos del sur se están convirtiendo en viviendas unipersonales.
Sin embargo, consultados representantes de Bahía Panguipulli, el gerente general, Claudio Cordero, indicó: "En Chile existen más de 76.000 parcelaciones que se han desarrollado en conformidad a las mismas normas y reglas de subdivisión de Bahía Panguipulli. La Contraloría en su oficio cita en extenso el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero no cita expresamente que en el caso de los predios rurales se admite la vivienda del propietario y la de sus trabajadores. En este caso, cada parcela ha solicitado el permiso de edificación solo para la vivienda del propietario, permiso que ha sido otorgado, tal como sucede en todo Chile", dijo.
Y agregó: "Además, para el otorgamiento de cada permiso de edificación, el texto expreso del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que no se requiere de los informes favorables que alude la Contraloría Regional de Los Ríos, por lo tanto, no existe irregularidad alguna al respecto. Bahía Panguipulli cumple con los más altos estándares medioambientales y a pesar de seguir las mismas reglas de todas las parcelaciones en Chile, ha encontrado la resistencia de poderosos empresarios chilenos que, con su lobby , han tratado de obstaculizar este proyecto, con la única idea de no tener vecinos cercanos. Este lobby es el mismo que ha perjudicado a todo nuestro país y los resultados están a la vista hoy".
Mientras el abogado que impulsó la denuncia plantea que con el dictamen habrá un "antes y un después" con la "mala práctica de subdividir para hacer desarrollos inmobiliarios", el gerente general del proyecto insiste en que siguen "las mismas reglas de todas las parcelaciones en Chile".