Empresarios proponen reforzar aporte al Seguro Social

Javier Orellana
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) señaló ayer en la noche que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está en la "obligación legal" de hacer frente a los pagos de los derechohabientes incapacitados por la cuarentena eso implica "albergados" y en cuarentena "domiciliar".
Para ello la gremial propuso una solución al problema que se ha generado por el pago de incapacidades a trabajadores en cuarentena que incluye un préstamo al ISSS y luego un leve aumento en la cotización mensual para poder pagar dicho préstamo.
El decreto legislativo 593 fue aprobado el 14 de marzo pasado y es el que, a solicitud del Gobierno, estableció el estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 e incluye una serie de disposiciones que se tienen que seguir como que los trabajadores no pueden ser despedidos por estar en cuarentena o restricciones de viaje y que las cuarentenas deben ser consideradas como incapacidades y que corresponde al ISSS el pago del salario, como cuando un trabajador se enferma.
Sin embargo eso se estableció antes que el Gobierno decidiera implementar la cuarentena domiciliar. Ahora que la mayoría de empresas no está operando, la carga financiera al ISSS sería mucho más alta, por lo que funcionarios, entre ellos el presidente de la República, Nayib Bukele, han hablado de "quiebra" del ISSS y criticado con fuerza al sector privado.
Luis Cardenal, presidente de ANEP, explicó que al no tener flujo de caja difícilmente las empresas van a poder pagar los salarios, porque no está ingresando nada. Mientras que otras gremiales, como Unión Mipyme, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y las cámaras binacionales de comercio han manifestado que las pequeñas y medianas empresas tendrían problemas para pagar todos los salarios si no están funcionando.
La propuesta de ANEP es que del crédito de $2,000 millones que se ha aprobado se dé un préstamo al ISSS y que así este pague los salarios de los que están incapacitados por cuarentena y que luego, se aumente la cotización que los derechohabientes pagan al ISSS mensualmente en 1 %, podría ser el incremento en el aporte del empleador, trabajador o ambos, esto tendría que definirse.
"Nosotros ayudémosle al Seguro Social a cubrir sus obligaciones y al mismo tiempo mantengamos las empresas vivas para que puedan recuperarse y empezar a trabajar una vez que la crisis pase y al mismo tiempo ayudemos a nuestros colaboradores a que tengan un ingreso mientras dura esta crisis", dijo Cardenal.
La ANEP estima que en un mes el ISSS gastaría $150 millones en pagar las incapacidades y para pagar el crédito necesitaría unos $5.7 millones mensuales y al incrementar la cotización al ISSS en 1 %, se obtendrían $6.2 millones mes a mes.
La reforma que el Gobierno ha propuesto al decreto 593 que liberaría al ISSS de pagar las incapacidades sería una "ley imposible", según Guillermo Guido, presidente de Unión Mipyme, pues las empresas pequeñas van por lo general sobre la marcha, sin reservas de capital o ahorros significativos para afrontar esos pagos.
"Estamos sumamente preocupados porque nuestros emprendedores no son gente de dinero, no son gente de plata que tengan millones para poder aguantar", dijo Guido y agregó que el Código de Trabajo prevé la figura de la suspensión del contrato pero que las empresas no quieren "ampararse en esa figura porque sería poner en riesgo a las familias de los trabajadores".
Cardenal agregó que ha sido difícil dialogar sobre este tema pues el Gobierno ha iniciado un discurso de confrontación con la empresa privada, cuando hace unos días, los empresarios estaban donando insumos para equipar los mismos centros de cuarentena.
"Desde el inicio hemos estado dispuestos a trabajar juntos, sin embargo, esto no significa que vamos a callar ante errores, abusos y malas decisiones que se están tomando poniendo en riesgo el futuro de decenas de miles de personas y sus puestos de trabajo", dijo la gremial en un comunicado al señalar que "forzar a las empresas a pagar sueldos y demás obligaciones indefinidamente es un golpe mortal para los pequeños y microempresarios", recalcó la ANEP en el comunicado.
"Nosotros ayudémosle al Seguro Social a cubrir sus obligaciones y al mismo tiempo mantengamos las empresas vivas para que puedan recuperarse y empezar a trabajar una vez que la crisis pase".
"Estamos sumamente preocupados porque nuestros emprendedores no son gente de dinero, no son gente de plata que tengan millones para poder aguantar".