Sábado, 30 de Mayo de 2020

Coronavirus: cuántas cosas se cometen en tu nombre

ArgentinaLa Nación, Argentina 29 de mayo de 2020

Con el pretexto de la pandemia, el Poder Ejecutivo está incurriendo en abusos de poder y asumiendo infundadamente atribuciones propias del Congreso

La decisión del presidente Alberto Fernández de e para transferir sin restricciones dinero entre partidas presupuestarias ha derivado en duras críticas de parte de la oposición política, que ve en ese trámite, concretado mediante un decreto de necesidad y urgencia, una medida inconstitucional, violatoria de la división de poderes.
El depositario de esas facultades, Santiago Cafiero, ha al decir públicamente: "En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible" para proteger a todos los habitantes de nuestro país. Ha dicho, además, que la citada facultad se le dispensa "únicamente por motivos vinculados con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a políticas nutricionales, de salud y educativas".
Hasta el DNU presidencial, los jefes de Gabinete estaban impedidos de modificar el presupuesto de gastos de la administración estatal por encima del 5% de su monto total. Una limitación tan acertada como legal, pues está contenida en la ley de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, defendió públicamente los superpoderes de su jefe más directo, al decir que los usará "para ayudar a los que más lo necesitan".
Varios puntos se imponen en el análisis. El primero es que desde que empezó a hacerse fuerte entre nosotrosla por coronavirus ha habido una propensión notoria al uso de decretos, siempre amparados y justificados en la situación de emergencia que atravesamos. Cabe anotar que nuestro país históricamente suele estar en emergencia, con un Congreso que de tanto en tanto la declara y poderes Ejecutivos que, con mayor o menor intensidad a lo largo de las décadas, han hecho uso y abuso de ese tipo de contingencia para concentrar en sí mismos tareas que competen a otros poderes.
En esta oportunidad, el propio Cafiero es quien ha hablado de la necesidad de un Estado ágil y flexible. También podríamos reclamar un Poder Ejecutivo más ágil, que hubiera enviado al Congreso el nuevo proyecto de presupuesto, ya que el frente político actualmente en el poder no aceptó tratar el presentado en tiempo y forma por el último gobierno, en septiembre del año pasado.
La salida de escena del Congreso está siendo ahora revertida por la instrumentación de sesiones virtuales. Ergo, podría haber incluido en la flamante agenda qué hacer con el presupuesto en este contexto y no esperar el DNU presidencial para ver si lo aprueba o no, cuestión que es fácil de predecir teniendo en cuenta la abultada representación del partido gobernante en el Parlamento.
La peligrosa acumulación de poder en uno de los tres poderes que sostienen el sistema republicano es sumamente peligrosa. Ya hemos visto a qué ha llevado esa delegación de poderes del Congreso, fundamentalmente entre 1989 y 1999 y entre 2003 y 2015, más de dos décadas de gobiernos peronistas.
El propio Alberto Fernández, en numerosas entrevistas periodísticas realizadas tras haber renunciado como jefe de Gabinete de los gobiernos del matrimonio Kirchner, ha calificado de patético al Congreso que delega facultades. "Para mí, la política no es un ejercicio de obediencia, es un ejercicio de reflexión y debate", había dicho Fernández en diciembre de 2015. La pregunta entonces es si el actual jefe del Estado ha cambiado de posición también en este tema que tanto le preocupaba, si no cree que no corresponde apropiarse de facultades parlamentarias, precisamente en un momento en el que el Congreso no está impedido de sesionar.
La pandemia ha provocado una parálisis en muchas áreas. Numerosos sectores han sido declarados esenciales y se les ha otorgado un especial permiso para continuar actuando a pesar de la crisis sanitaria. ¿Acaso no es esencial la labor del Congreso? Su prolongada parálisis debió haber sido revertida, en todo caso, pero no absorbidas algunas de sus funciones en nombre de una nueva emergencia.
Si sentamos más precedentes de este tipo, no va a tardar mucho en llegar el día en que se acepte sin más vueltas que funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo puedan hacer y deshacer a su antojo el presupuesto de la administración pública, ley a la que no en vano se conoce como "ley de leyes", por cuanto refleja los recursos fiscales y los gastos del Estado nacional y la planificación que con ellos se hace para la confección y concreción de políticas públicas.
"Libertad, cuántos crímenes se cometen en su nombre", dijo Madame Roland momentos antes de ser ejecutada en la guillotina, tras denunciar con firmeza que en nombre de la revolución en defensa de la libertad se cometieran horrores en la Francia de fines del siglo XVIII.
Esperemos que no sea este el tiempo de asimilar aquella frase célebre a nuestra propia situación política, que no sea un momento en que en nombre de la pandemia se cometa cualquier tipo de trapisonda, en beneficio de intereses políticos partidarios destinados a concentrar potestades y a establecer primacías, privilegios o canonjías.
El Congreso debería hacer valer su voz impidiendo esta delegación a todas luces infundada y reclamar al Poder Ejecutivo que utilice la vía adecuada si aspira a modificar la ley que impone un tope a la discrecionalidad en el uso de fondos públicos por parte del jefe de Gabinete.
Sería realmente inaceptable que el Congreso, por su acción o por su silencio, convalidara el ataque a la división de poderes.