Afirman que la permanencia de Catalina Crespo genera desconfianza y falta de credibilidad en la institución.
Un grupo de 54 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que considera que las acciones de la actual defensora, Catalina Crespo, perjudican la imagen de la institución, generan desconfianza en el pueblo y socavan los principios bajo los que esta institución se rige.
"Observamos con preocupación que no existe dirección estratégica desde el despacho de la Defensora para restaurar el rumbo de la Institución; lo cual, además de debilitar la mencionada magistratura de influencia, genera desconfianza y falta de credibilidad de la población en la Defensoría de los Habitantes", dice el documento.
Estos servidores técnicos y administrativos agregaron: "Los recientes acontecimientos, en el marco de la gestión de la actual defensora de los Habitantes, socavan la institucionalidad, la integridad, la mística y el espíritu de servicio que nos ha caracterizado durante más de 25 años, lo que impacta en el cabal desempeño de las funciones propias de la institución".
"Algunos de los hechos ocurridos en las últimas semanas quedan plasmados en las actas de la Asamblea Legislativa y en las declaraciones brindadas por la señora defensora, que evidencian un estilo de gestión distante de los conceptos y principios contenidos en el Manual Interno de Macroprocesos", añadieron.
Los firmantes expresan que la figura del defensor del pueblo debe velar por la protección y defensa de los derechos e intereses de todas las personas, pero consideran que la actual titular carece de dicho actuar.
"Por lo tanto, quienes formamos parte de la Institución y conocemos su realidad cotidiana, consideramos que su permanencia torna muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere", sostiene el documento.
Los trabajadores de la Defensoría hicieron hincapié en los riesgos que significa, para una institución que vela por el cumplimiento de los derechos de los costarricenses, tener una jerarca que no cumple con su papel.
Asimismo, señalaron que redoblarán sus esfuerzos y compromisos con el objetivo de velar por la defensa y la promoción de los derechos de los ciudadanos.
El pronunciamiento fue emitido este 29 de junio.
Estas declaraciones salen a la luz luego de que, el pasado viernes 26 de junio, los directores de la Defensoría acordaran solicitar a Catalina Crespo la renuncia, por el bien de la institucionalidad democrática.
Su salida la solicitan ante la forma en que Crespo manejó la investigación de la Defensoría sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad) y sus declaraciones en la comparecencia ante el Congreso.
A finales de mayo, la defensora dio a conocer la desaparición de parte del audio de la entrevista que le realizó al mandatario Carlos Alvarado sobre la Upad no obstante, el anuncio lo hizo dos meses después del momento en el que se enteró del incidente.
Sobre esto, La Nación tuvo acceso al archivo de la auditoría que se realizó sobre el caso, donde se comprobó que el audio en cuestión fue grabado por el teléfono personal del jefe de comunicación de la institución, en lugar de una herramienta institucional.
Hazel Díaz, directora de Gobernanza Pública de la Defensoría, también le relató a la diputada Carolina Hidalgo que Crespo prefirió omitir el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, del informe sobre la UPAD.