Inacción de la CEE a flote

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no hizo las gestiones pertinentes para procurar que el exdirector de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico, Roberto Benítez Burgos, pagara $8,248.80 que adeudaba al ente electoral en salarios devengados de horas que no trabajó, antes de renunciar al cargo.
Ante la inacción de la CEE el año pasado, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Benítez Burgos en la que le imputa violentar la Ley de Ética Gubernamental, le impone una multa de hasta $20,000 por cada infracción demostrada y una sanción tres veces al beneficio económico recibido.
Además, la OEG, en la querella radicada el 3 de agosto, le exige a la CEE que ordene la restitución del dinero adeudado y acuda a Hacienda, entre otros entes públicos, para recobrar el dinero. La OEG le concedió a Benítez Burgos 20 días, que vencen hoy, para que responda a la querella.
Al momento, Benítez Burgos, quien es hijo de la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, no ha contestado la querella, indicó la OEG a petición de este medio.
Ayer, Benítez Burgos no contestó llamadas de El Nuevo Día, pero a través de un mensaje de texto preguntó para qué se le buscaba. No devolvió la llamada.
Este rotativo, además de la querella de la OEG, obtuvo documentos oficiales de la CEE en los que se hacen constar que el presidente Juan Ernesto Dávila Rivera retuvo en su oficina los informes de asistencia de Benítez Burgos, mientras eran requeridos en la Oficina de Finanzas del ente electoral para dar la directriz a Hacienda de que cobrara la deuda antes de que el funcionario obtuviera su liquidación económica. Ayer, Dávila Rivera no contestó llamadas a este diario.
Se hace constar en la querella de la OEG que, para diciembre de 2017, luego del huracán María, Benítez Burgos se ausentó de su trabajo por casi tres semanas, pero presentó formularios de su asistencia alegando que estuvo en "trabajo remoto".
Su supervisora inmediata, la ahora comisionada electoral del PNP, María Dolores "Lolin" Santiago, y quien en ese momento era presidenta interina de la CEE, no firmó las hojas de asistencia porque tras consultar con recursos humanos, no existía tal cosa como trabajar a distancia.
Luego de que la oficina de recursos humanos de la CEE atendiera el caso, determinó establecerle un plan de pagos a Benítez Burgos, quien no pagó antes de su renuncia el 3 de julio de 2019.
Nicolás Gautier Vega, quien fue segundo vicepresidente de la CEE, indica en una carta dirigida a Dávila Rivera todas las gestiones que hizo, sin éxito, el día antes de la fecha límite establecida por Hacienda para recibir la información que permitiera proceder con la liquidación de Benítez Burgos.
La fecha límite era el 25 de julio de 2019. Para esa fecha, Dávila Rivera estaba fuera de la isla y Gautier Vega, por ende, había quedado a cargo de la CEE.
"Al recibir el informe de recursos humanos, el director me indicó que presidencia no había remitido los dos informes de la última semana de marzo y que los mismos fueron recibidos en recursos humanos el 24 de julio", lee la carta de Gautier Vega a Dávila Rivera, en la que deja claro que la liquidación de Benítez Burgos la estuvo trabajando el administrador de la CEE con semanas de antelación sin que tuviese respuesta de la presidencia. La carta de Gautier Vega a Dávila Rivera se produjo el 26 de julio de 2019.
"Yo me enteré de todo eso en esos momentos, porque el director de administración me llamó y al sol de hoy el presidente nunca respondió mi carta", dijo Gautier Vega a preguntas de este medio.
"Ordené la petición a Hacienda, pero ya había emitido el cheque por depósito directo. Era tarde", sostuvo el ahora comisionado electoral del Partido Popular Democrático, que fue destituido por Dávila.
Agregó que Benítez Burgos supuestamente después que se le estableció un plan de pago, llegaba tarde o se ausentaba, pero cobraba su salario regular. "Esas hojas de asistencia, quien las firmaba era el presidente de la CEE", dijo Gautier Vega.
La deuda de Benítez Burgos es por salario que se le pagó sin que trabajara, según la querella de la OEG y documentos oficiales de la CEE, incluida una factura del pasado 11 de agosto emitida por la oficina de finanzas del organismo. Este asunto fue referido a Justicia por el Senado en noviembre de 2018, cuando la agencia era dirigida por la ahora gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Aye,r Justicia informó a El Nuevo Día que, transcurrido más de un año, esa pesquisa todavía no ha terminado.